El juicio estaba programado iniciar el 29 de julio, pero fue suspendido el 25 por un pedido formulado por dos abogados defensores, Marcos Rodríguez Allende y Emilio Fouces, que por problemas de salud no podían participar de las audiencias.
El profesional médico que justificó la imposibilidad del letrado para estar en el juicio fue el psiquiatra Luis Pirro quien, en una audiencia celebrada el 10 de julio, sostuvo que Rodríguez Allende no estaba apto para ejercer su rol plenamente por el término de 45 días.
En base a esa exposición, el Tribunal consideró que “debido al cuadro de salud que presenta, no solo no se encuentra en la actualidad en condiciones de ejercer en forma plena su rol, sino que tampoco existe un pronóstico cierto de cese -provisorio, menos aún definitivo- de tal situación. Lo dicho, pues si bien el certificado médico agregado prescribe un período de ‘reposo’ por 45 días, el psiquiatra en forma verbal se explayó sobre el cuadro de su paciente -a cuyas precisiones nos remitimos- refiriendo lapsos de tiempo mayores, dando cuenta de un tratamiento -con lapsos de mejoría y otros de retroceso- que ya lleva algunos años y que no puede estimarse por cuánto tiempo se podrá prolongar”.
“Lo dicho implica –agregaron- , por un lado, que no se puede establecer una nueva fecha de realización del plenario en estas condiciones y, por el otro, que los incursos Aguilera y Almada se encuentran en una clara situación de indefensión, que debe ser subsanada de inmediato”.
En función de esa situación, los magistrados emplazaron a la pareja a designar un abogado co-defensor de su confianza en el término de diez días. El nombramiento, explicaron, no implica el apartamiento de Rodríguez Allende que es “quien podrá ejercer su ministerio en forma conjunta o indistinta cuando sus posibilidades materiales derivadas de su estado de salud lo permitan”.
A su vez, aclararon que si la pareja no designa ningún otro letrado, se les nombrará un Defensor Oficial quien se desempeñará como defensor sustituto en los términos del artículo 133 del Código Procesal Penal.
Al finalizar, dejaron en claro que una vez que el juicio tenga nueva fecha, cuestión que esta a cargo de la OGA, éste no se aplazará nuevamente. “Se hace saber a todas las partes que el debate cuya fecha de realización será fijada oportunamente según el calendario que lleva a tales efectos la O.G.A. no se suspenderá nuevamente por motivos de la misma naturaleza, para lo cual el Tribunal adoptará eventualmente, las medidas pertinentes para asegurar su efectiva realización”.
La causa
El expediente judicial está caratulado “Urribarri Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Aguilera, Juan Pablo; Cargnel Corina; Montañana, Hugo; Tamay, Gustavo; Almada, Luciana; Giacopuzzi, Emiliano; Almada, Alejandro; Sena, Maximiliano s/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública; peculado, defraudación a la Administración Pública”.Los imputados son: Sergio Urribarri, exgobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia; Pedro Báez, exministro de Comunicación y Cultura y actual diputado; Juan Pablo Aguilera- cuñado del exgobernador-, a quien la Fiscalía adjudica las empresas Tep SRL y Next SRL; y quienes aparecen como socios de esas firmas, Luciana Belén Almada –pareja de Aguilera-, su hermano Alejandro Luis José Almada –cuñado de Aguilera-, Maximiliano Romeo Sena, Emiliano Oscar Giacopuzzi; y la contadora de las firmas, contadora Corina Elizabeth Cargnel.
Además, están acusados el empresario Hugo Fernando Montañana y Gustavo Rubén Tamay, responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública del ministerio de Cultura y Comunicación.
Los delitos investigados consistieron en el direccionamiento de órdenes de publicidad durante los años 2010 a 2015 por un monto total de $24.204.918,69 a lo largo del gobierno de Urribarri y su ministro Báez “en contrataciones de campañas publicitarias en vía pública a empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, quien era funcionario público provincial y familiar del exgobernador”. Para el Ministerio Público Fiscal, las firmas que se adjudican al cuñado Aguilera, Tep SRL y Next SRL, “absorbieron la casi totalidad de la publicidad en vía pública del Estado Provincial, la que se otorgaba desde el Ministerio de Comunicación a cargo de Báez de manera directa y por vía de procedimientos de excepción”.
La imputación fiscal también dice que “otras empresas vinculadas comercialmente a las referidas (Tep SRL y Next SRL), como José María Bustamante Publicidad y Montañana Publicidad, fueron beneficiadas con idénticos contratos y pautas publicitarias, las que -a su vez- redundaban en beneficio de las empresas de Aguilera a través de un sistema de retornos de dinero que terminaba en sus manos”.
El 24 de mayo de 2018, apareció el primer arrepentido de la causa: el publicista Jesús José Bustamante. El empresario admitió en un juicio abreviado haber formado parte de una organización en la que se aseguraba contratos de publicidad del Estado a cambio de pagar “retornos” a Aguilera. El perjuicio al Estado que produjo Bustamante con esas maniobras ronda los $3 millones, aunque en forma global la estafa es del orden de los $12 millones.
