"Si no se aborda integralmente, va a ser muy difícil que la situación mejore; incluso va a empeorar", advirtió Billordo en declaraciones al programa El Séptimo Día de Radio Plaza, tras describir cómo los recortes y las demoras en los pagos de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR) asfixian el funcionamiento de comedores, merenderos y dispositivos de salud mental.
La institución, que nació en 2017 y se incorporó al programa oficial en 2018, sostiene diariamente un trabajo preventivo y alimentario que incluye la entrega de alrededor de 300 porciones de comida en el almuerzo y más de 120 en la merienda, además de talleres culturales, apoyo escolar y actividades deportivas. Sin embargo, el esquema actual de financiamiento estatal ha vuelto insostenible la tarea diaria.
"El pago se hace por actividades realizadas, no es que nos dan el presupuesto para realizarlas. No solo eso es insuficiente, sino que en estos últimos tres meses hemos tenido demoras de hasta tres meses en el pago", detalló el referente social. Esta parálisis administrativa impacta de forma directa en el personal y en el abastecimiento básico: "Eso te lleva a la imposibilidad de sostener cualquier tipo de actividad porque no tenemos para los alimentos, porque los profesionales y los equipos no pueden esperar para percibir sus ingresos, y la comunidad espera que el comedor y el merendero le brinden el plato de comida ese día".
De acuerdo con lo expresado por Billordo, las demoras se profundizaron a partir del traspaso de la SEDRONAR a la órbita del Ministerio de Salud. "Lo que frecuentemente nos dicen es que falta la firma del ministro de Salud para que el expediente pase al Ministerio de Economía, y ahí se vuelve a demorar. Tenemos toda la información presentada (...) y nos dicen que falta una firma", denunció.
Paralelamente, las exigencias burocráticas se mantienen intactas pese al desfinanciamiento. "Nos piden que realicemos actividades masivas para alrededor de 300 personas diez veces al mes, que tengamos determinado equipo de profesionales y de talleristas, y una infraestructura acorde (...) Y todo eso con un presupuesto limitado que, con la inflación de estos últimos meses y del año pasado, no alcanza para dar respuesta a eso", contrastó.
El reflejo de la crisis se percibe con nitidez en las familias vinculadas a la planta de reciclaje municipal. Según relató el entrevistado, los trabajadores de la cooperativa asisten al comedor comunitario debido a que también sufren retrasos de tres meses en sus cobros y a la fuerte devaluación de sus ingresos por la coyuntura económica nacional.
"Lo que comentaba uno de los trabajadores es que cuando se produjo la apertura en las importaciones, el cartón pasó a valer prácticamente menos de la mitad de lo que valía, hasta un 30% del valor que tenía antes, y eso no se ha recuperado", expuso Billordo. A esto se suma que los programas sociales se encuentran congelados: "El Plan Volver al Trabajo tampoco se actualiza desde noviembre del 2023: está en 78.000 pesos. Esa es un poco la situación que atraviesan miles de familias en los barrios populares".
Uno de los puntos más alarmantes del diagnóstico se centró en el cambio de patrón en el consumo de estupefacientes, con la masificación del crack (o "pipeo") entre adolescentes y jóvenes de la capital provincial, una problemática cuya dinámica enciende las alarmas en centros urbanos de Entre Ríos.
"Lo que vemos que se ha incrementado aún más en este último año y medio es el consumo de crack: la preparación de la dosis de cocaína cortada con algún otro tipo de sustancia. Entiendo que la están vendiendo alrededor de 2.000 pesos la dosis", describiría Billordo. El proceso químico artesanal y su letal efecto adictivo fueron detallados con precisión: "Lo que hacen es prepararla con agua, con bicarbonato de sodio y muchas veces algún raspado de virulana de bronce, que dicen que cuando le ponen ese raspado el efecto es mucho más fuerte. Lo cocinan en una cucharita con un encendedor, hace un sonido como de quiebre (como 'crack'), y eso es lo que se pone en una pipa y se consume".
La peligrosidad de esta sustancia radica en la inmediatez y brevedad de su estímulo, lo que empuja a los usuarios a una dependencia extrema en lapsos de tiempo muy cortos. "Los efectos son muy pronunciados pero de corta duración. Eso incrementa aún más el efecto adictivo porque es muy fuerte y enseguida genera ganas de volver a consumir. A lo que se yo, a los 40 minutos, una hora, una hora y pico, ya se le va el efecto e inmediatamente empieza la abstinencia, la necesidad de volver a consumir", alertó.
Esta adicción genera, a su vez, un inmediato deterioro en la seguridad comunitaria y el tejido social de los barrios: "Para conseguir esa cantidad de dosis por día implica que necesitan esos 2.000 pesos cada hora y media. Poder generar esos recursos implica meter la mano en donde hay un montón de necesidades. Eso hace que la persona se aísle más y que se deteriore aún más la situación".
Ante la gravedad del panorama, desde los espacios de atención comunitaria y las mesas de diálogo de salud mental exigen una reacción política urgente e integral, entendiendo que el consumo problemático es la consecuencia de múltiples desamparos estructurales.
"Cuando se llega a una adicción o a una fase dependiente de consumo, es un punto de llegada frente a un montón de carencias que no solo tienen que ver con lo alimentario, sino también con el acceso al deporte, a la cultura, a la recreación, a la educación, a la salud", definió Billordo. Por este motivo, concluyó detallando la propuesta elevada a las autoridades: "Lo que hemos venido proponiendo es que se pueda declarar una emergencia en salud mental con un presupuesto orientado principalmente a la prevención, que es lo que vemos que está completamente desfinanciado. La cuestión de los clubes de barrio para el deporte, las iniciativas culturales, la situación educativa, continuar con la respuesta alimentaria y, principalmente, políticas que permitan acceder al empleo a esas miles de familias que hoy están en una situación terrible".
