Los fiscales Santiago Brugo y Alejandro Cánepa imputaron a Sergio Urribarri por "peculado y negociaciones incompatibles con la función pública" en la causa de la Cumbre del Mercosur y lo citaron a indagatoria para el 31 de agosto.
Luis Alberto Mazurier, durante casi una década funcionario con rango de ministro, presidente de la Corporación para el Desarrollo del Lago de Salto Grande (CODESAL), fue imputado por el Fiscal Aníbal Lafourcade por cuatro hechos distintos, dos de ellos por peculado y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, un tercero por omisión de deberes de funcionario público y un cuarto hecho por peculado, administración fraudulenta, omisión de deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
A estas dos noticias, se suma una tercera: En los tribunales de Concordia avanza la sustanciación de la causa que tiene como principal imputado al intendente de Puerto Yeruá, Fabián Cevey, y a varias personas más, presuntos beneficiados con la venta de terrenos fiscales a precios viles, muy por debajo de los tasaciones de mercado, una maniobra que investigó a fondo el Fiscal José Arias.
¿Fiscales "funcionales"?
El exgobernador suele defenderse recién cuando las papas queman.
Usa las redes o emite un comunicado, cuando siente que las balas silban cerca de sus oídos.
Fue así cuando quiso aclarar sus cuitas patrimoniales y terminó confesando, para justificar ingresos, que durante casi toda su gestión en la Casa Gris fue al mismo tiempo un productor sojero, en uno de los giros más desopilantes de la política entrerriana.
Esta vez, Sergio Urribarri acusó el golpe por la imputación. Desde su perfil en Facebook, envió un mensaje: "No esperaba ser demonizado por algún integrante del Ministerio Público Fiscal". No conforme con ello, sembró sospechas sobre el origen "político" de la imputación en su contra: "Es injusta, infundada, pero muy funcional".
¿Muy funcional a quién? ¿Qué está pensando Sergio Urribarri? ¿Desecha desde el vamos que estos movimientos sean la lógica consecuencia del accionar de fiscales que no hacen otra cosa que cumplir con su deber? ¿Entrevé que están al servicio de alguien o de algunos?
¿Lee Urribarri las imputaciones en clave de la puja por el poder dentro del PJ?¿Les pega por elevación a Gustavo Bordet, Claudia Mizawak y Jorge Amílcar García, reprochándoles que no hayan bajado una señal para frenar a estos "atrevidos" funcionarios judiciales? ¿Presiona para que así ocurra y todo esto quede sólo en imputaciones? ¿Siente que le "soltaron la mano"?
Tal vez, aquel anuncio de Gustavo Bordet cuando prometió en el inicio de su gestión respetar la independencia del Poder Judicial, sea interpretado por Urribarri no como un real apego a las instituciones sino como una sutil maniobra para dejarlo caer.
"Patada en el tuje"
También Luis Mazurier salió a decir lo suyo, tras chocarse contra una cuádruple imputación. No necesitó de las redes sociales. Apeló a su propio medio, el Diario El Sol, para mandar un mensaje que tiene algunos destinatarios especiales, antes que al público.
No disimuló su preocupación al admitir que esta vez "el asunto viene más pesado" y se presentó como "pato de la boda". ¿La boda de quiénes? También habló de una "represalia judicial", aunque no precisó quiénes quieren tomar represalia contra él. ¿Apunta sólo a los funcionarios de los tribunales o también dirige su reproche hacia la Casa Gris?
Es verdad que hizo blanco en Cambiemos y en su rostro más visible en la zona: la CTM. Pero, ¿de verdad cree Mazurier que la Justicia provincial está siendo manejada por el sector político que en Entre Ríos es oposición? ¿O se ve víctima de una conspiración multifacética en la que se combinan varias fuerzas?
Como sea, de algo no hay dudas. No es para nada casual que en su mensaje trajera a colación que lo sacaron de la CODESAL con una "patada en el tuje". Ni el fiscal, ni el jefe de los fiscales, ni el STJ, ni CTM, ni Cambiemos, ni Frigerio, ni el periodismo, le pegaron ese boleo en el trasero que ahora denuncia. La orden emanó desde la gobernación de Entre Ríos y, por tanto, todo indica que hacia allí apunta, por estas horas, su principal bronca.
Puede que también esté mandando hacia arriba otra señal: que no está dispuesto a caer solo, que lo que hizo y dejó de hacer en el Perilago, esa extensa lista de irregularidades que se le atribuyen, no podría explicarse sin el respaldo político del exgobernador y el jurídico de la Fiscalía de Estado, el organismo responsable ni más ni menos que de custodiar la legalidad de los actos del Estado provincial, incluida -obvio- la CODESAL.
Como sea, y fueren cuales fuesen los mensajes entrelíneas, no es ninguna novedad que las personas imputadas por la presunta comisión de delitos se declaren inocentes y se victimicen. Lo que resulta a veces complejo de descifrar es de quién o quiénes eligen sentirse víctimas.
Está visto que muy pocas admiten -públicamente al menos- ser primariamente víctimas de sí mismos y de sus yerros y extravíos en el uso del poder. Prefieren en cambio mostrarse crucificados por los medios y por la Justicia y, especialmente, por el poder político que, pudiendo salvarlos de la cruz, se lava las manos como Pilatos.
Para que la Justicia vuelva a ser creíble
Con independencia de estos manotazos de quienes han sido llamados al banquillo de los acusados, habrá que admitir que la Justicia entrerriana necesitará mucho más que algunas que otras imputaciones para volver a ser creíble.
Tampoco se trata de exigir a los funcionarios judiciales que condenen porque se lo reclame la tribuna o el periodismo, actitud que sería tan repudiable como que miren para otro lado o encubran a delincuentes para conservar el puesto y cobrar a fin de mes. Es necesario que actúen en base a la ley y a los procedimientos, imputando cuando una serena evaluación de las pruebas así lo justifique, sin temores ni animosidades, garantizando siempre el derecho a la defensa en juicio y, finalmente, condenando o absolviendo según corresponda, ajustándose a los hechos comprobados.
No está de más recordar que el Estado de Derecho tiene también entre sus pilares el principio constitucional de la presunción de inocencia hasta que no haya condena firme. En consecuencia, es correcto decir que los imputados son personas inocentes, en quienes recae una sospecha fundada de que habrían quebrantado las leyes.
El camino a transitar para saber si se las condena o se las absuelve no puede ser otro que el de un juicio tan justo como transparente, garantizando a la comunidad el derecho a ser informados sobre todos y cada uno de los hechos que son investigados y las pruebas que se expongan en todas y cada una de las audiencias.
Será como curar con luz y sol estructuras enmohecidas y corrompidas por haberse alejado de la sociedad a la cual deben servir.
