La decisión quedó en manos de la Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay, desde donde se convocó a una audiencia que contó con la participación de todas las partes, de manera presencial y virtual: una de las denunciantes, con el patrocinio letrado del abogado penalista José Ostolaza; la defensa de Claudia Lugrín, la administradora denunciada; como así también uno de los fiscales que entiende en la causa, Juan Sebastián Blanc. Se trató de una instancia que lejos estuvo de abordar la cuestión de fondo denunciada por la abogada Clarisa Marano Roude, hija de un paciente con Covid-19; la licenciada Sandra Giovenale, jefa del área de Enfermería del nosocomio; y la médica Analía Fernández, encargada del hogar de ancianos de la misma institución; sino destinada a definir la suerte del pedido de querella que había sido oficializado originalmente el 18 de junio.
Finalmente, al tratarse de una apelación de mero trámite, intervino solamente el vocal Rubén Chaia y terminó confirmando la resolución de la jueza de Garantías de Colón, aunque habría dejado abierta la puerta para que las denunciantes puedan hacer una nueva presentación, reformulada, en los tribunales colonenses. Ni lerdas ni perezosas, recogieron el guante y comenzaron a estudiar -junto a su abogado- una nueva estrategia, a fin de ser aceptadas como querellantes en la causa a través de un nuevo pedido, que no tardaría en llegar a manos de la magistrada Céspedes.
