La flamante norma impulsada por Enrique Cresto dispone, entre otros puntos, congelar nombramientos, jubilar de oficio a empleados en condiciones de hacerlo y facilitar que empresas que deben tributos puedan participar de licitaciones, pudiendo descontarles de los pagos los importen que adeuden. Pero también en los considerandos hay mucha tela para cortar. Sobre todo, varias alusiones críticas al gobierno de Gustavo Bordet, que no pasan desapercibidas.
Con la firma debajo de Enrique Cresto, se lee esta frase: "El gobierno provincial NO renovó los Convenios de Salud que aportaban (al menos parcialmente) fondos para atender a los (18) dieciocho centros de salud y a la Asistencia Pública, que hoy el Municipio se ve en la necesidad de financiar en su totalidad".
También el texto de autoría del ejecutivo municipal alude a que el municipio ya no recibe de provincia fondos para el programa Educando en Movimiento, como tampoco para la asistencia a "comedores y merenderos".
Más adelante, en los considerandos de la declaración de emergencia social, Cresto dice que "repercuten también la ausencia o disminución de programas de Obra Pública y Pavimentación que muchas veces eran realizados por la CAFESG, la Nación o la Provincia y que ahora deben ser pagados, casi de manera exclusiva por la Municipalidad".
