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Desde hace tiempo, la ocupación de las islas del Delta entrerriano y las distintas actividades que se desarrollan en ellas, genera cruces y polémicas. La dificultad para efectuar controles favorece usurpaciones, daños al ecosistema, depredación de recursos naturales, incendios voraces y fiestas con excesos.

Un informe extenso informe, que se compartió en el programa “Cuestión de Fondo” (por Canal 9 Litoral) se adentra en esta realidad y en el trabajo que se realiza para cuidar este territorio de importancia estratégica.

A continuación, El Entre Ríos reproduce el artículo completo que publicó este jueves el sitio “Análisis Digital”:
Palabras desde Victoria
El encargado de la Delegación Municipal de Victoria en Islas, Gustavo Andino, explicó ante Cuestión de Fondo que el organismo se creó en 1999 con la tarea de “fiscalización de todas las actividades comerciales que se realizan en el ejido de islas como playas y balnearios, actividad apícola, amarraderos de barcazas, barcos areneros que extraen arena en nuestra jurisdicción trasladando básicamente hacia localidades vecinas de Santa Fe, y todo lo que es asentamiento de obra nueva”.

También se realiza la fiscalización de caza y pesca y su respectiva prevención, en conjunto con las fuerzas de seguridad. “En la Delegación de Islas hay un cuerpo de 14 guardafaunas que cumplen tareas de fiscalización en suelo firme, cotidianamente en la tarea de embarque y desembarque de pescado, pero también a través de los corrales municipales situados en ejido de islas donde se brinda servicio a los productores ganaderos”, agregó. Victoria es la única ciudad de la provincia con ejido insular. El ejido de Islas comprende entre 370.000 y 405.000 hectáreas, es decir casi el 75% de la superficie del Departamento Victoria.

Sobre la forma de ocupar esta zona, Andino explicó que “las islas son dominio de la provincia pero también hay una parte de propiedad privada, y en cuanto a las tierras fiscales son algo así como 192.000 hectáreas. En 2006 hubo una selección de ofertas públicas para tierras que fueron otorgadas en arrendamiento, en 2010 esos contratos cayeron y de ahí en más las islas pasaron a estar en una situación irregular respecto a la ocupación de estos lotes fiscales”.

“En la mayor parte de las islas fiscales la situación es todo ilegal. Y en cuanto a los lotes privados entiendo que están en una etapa de revisión de su situación”, advirtió.

Consultado por la cantidad de gente que ocupa hoy las islas, Andino indicó que “de acuerdo al dato histórico que tenemos de productores ganaderos hablamos de 330 productores a partir del registro de embarques y desembarques de los corrales municipales. Pero no podemos tener datos certeros respecto de aquellos que embarcan a través de las costas santafesinas o por arreo, ya que en el último tiempo debido a la bajante hubo introducción de hacienda hacia la isla por arreo y no a través de los corrales y eso dificulta poder tener datos certeros”.

“En el caso de los lotes fiscales, de no contar con un RENSPA (Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios), que es el documento con el cual los productores pueden ingresar animales a determinados lotes fiscales, están en una situación irregular. Para el control, tratamos de aportar información a través de recorridas que se realizan en el ejido de islas a la Dirección de Administración de Tierras Fiscales”, acotó.

En este marco, el funcionario admitió que “hay un conjunto de medidas que han hecho que se haya perdido la presencia que teníamos con mayor frecuencia en años anteriores. Por ejemplo, al no otorgarse desde 2006 la licencia de pesca comercial de manera obligatoria hizo que fuéramos perdiendo el conocimiento de la gente que está ocupando el territorio. Cuando organizábamos las recorridas en su momento, que era muy asiduamente, teníamos un conocimiento de la gente que estaba en la isla, de los pescadores deportivos, de los pescadores comerciales, y demás”.

“Otra situación que nos significó perder presencia en el territorio es la falta de emisión de licencias de acopio para los barcos pesqueros que capturan nuestro pescado en nuestra jurisdicción. Al no tener la guía de tránsito de productos de la pesca esas embarcaciones capturan el pescado y se lo llevan a otra provincia sin estar fiscalizado”, mencionó.

“Esto es algo que venimos planteando desde hace bastante tiempo y es necesario volver a retomar esa actividad fiscalizadora porque era lo que nos daba el dato certero de quiénes ocupan las islas. Al puestero que también es pescador y cazador tenemos una base de información y cuando pasamos por las rancheadas consultábamos por las licencias de caza y de pesca, era una forma de vincularnos. Todo eso se fue perdiendo y hoy nuestros operativos de control se basan en hechos puntuales que tienen que ver con fiscalización de actividades comerciales”, marcó.
Terraplenes, endicamientos y paradores de playa
“A partir de la información que puede ser aportada por un particular a través de las comisarías, que son una fuente de información, o a través de los grupos ecologistas que nos ayudan un montón porque recorren nuestras islas y nos aportan información, es que nosotros nos constituimos en estos lugares y realizamos las actas de constatación. Esas actas son elevadas al Departamento Ejecutivo Municipal y al Juzgado Federal, a partir de su intervención”, aseveró.
Islas sin control
La ley 10.467 incorpora al ejido de islas como área natural protegida, Victoria posee esta área natural protegida bajo la modalidad de reserva de usos múltiples, lo cual permite la actividad humana pero en un equilibrio con la naturaleza. Todos estos terraplenes fueron relevados a través de sobrevuelos de la repartición y están todos informados a las autoridades competentes, a nivel municipal y provincial.

Aclaró que esa realización de terraplenes “no está permitida porque además existe una medida cautelar del Juzgado Federal de Paraná, a cargo de Daniel Alonso, vigente desde julio del año pasado que establece la prohibición absoluta de toda actividad con capacidad de alterar el ecosistema. Existen autorizaciones para cuestiones particulares, para quienes realizan actividad ganadera y quiere controlar el campo de especies invasoras, quitando la carga vegetal que muchas veces se acumula y puede producir focos de incendios”.

Si bien el organismo no actúa en relación a los incendios, Andino mencionó que se realizan “tareas preventivas, por ejemplo en el viaducto Rosario-Victoria que es una ruta nacional desde el municipio se interviene en el control cotidiano –y especialmente en fines de semana y feriados- en cuanto a campamentos y actividades recreativas que se producen a la vera del mismo, y se estableció la prohibición de acampar, hacer fuego y desarrollar actividades recreativas. Allí se labran actas de infracción, se trabaja en conjunto con Gendarmería, con Prefectura, y con policía de prevención de seguridad vial y de delitos rurales.

En relación con los paradores y bares autorizados en las playas e islas durante el verano, Andino admitió que “es un problema porque es una actividad que creció en los últimos años” y recordó que “en pandemia se intervino labrando actas de infracción a fiestas clandestinas que se desarrollaron básicamente en la segunda sección de islas, en la zona conocida como La Invernada, Paraná Viejo y en el kilómetro 9 margen derecha del viaducto Rosario-Victoria”.

“Es una gran preocupación para los lugareños de la zona y a su vez el municipio otorgó autorizaciones porque si esto no estuviera regulado y no contaran con autorizaciones lo seguirían haciendo igual, de manera ilegal”, reconoció.

En este punto, marcó a importancia de efectuar un trabajo de regulación sobre la zona: “La presión sobre el territorio es tan grande que es por eso que la Municipalidad de Victoria, en conjunto con el gobierno provincial, hoy está trabajando en la elaboración de un plan de manejo de todo este territorio, para darle un ordenamiento, tratar de zonificar y establecer cuáles son los usos permitidos y no permitidos. Porque si bien existe la ordenanza 2.472 que establece lineamientos básicos, hoy requiere de una actualización y acompañamiento de un plan de manejo para poder monitorear y con participación de todos los actores, para lograr un equilibrio”.

“Hoy la fiscalización es importante pero también hay mucho descontrol en la zona de islas, y se requieren recursos y acciones coordinadas entre las distintas esferas de gobierno: municipal, provincial y nacional porque al municipio sólo, con los escasos recursos con que cuenta, le es prácticamente imposible controlar 370.000 hectáreas. Acá se requiere la participación de las fuerzas de seguridad pero también equipamiento, medios de comunicación porque a escasos 10 minutos de la isla se pierde señal y se queda completamente aislado. Si bien hay algo de inversión en los faros de conservación, donde comenzaron a colocar algunas antenas para poder georeferenciar y localizar focos de incendio, es sumamente necesario acompañarlo con equipamiento y presencia en el territorio”, sentenció.
La provincia recupera su territorio
Por su parte, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, contó que “la historia comienza con la sanción del Código Civil de la Nación que establece que las islas son del dominio público de la provincia es decir que no se puede prescribir, no se pueden adquirir por usucapión ni se pueden enajenar o vender, están fuera del comercio. Sin embargo, la provincia no llega a los 8 millones de hectáreas y de eso tenemos un millón de hectáreas de islas y humedales, y pese a esa legislación tan clara en 1969 el entonces gobernador de facto, Ricardo Favre, vendió la sección sur de la isla Las Lechiguanas”.

“Eran 25.000 hectáreas ubicadas en un lugar estratégico al sur de la provincia, frente al puerto de Ibicuy y muy cerca del Río de la Plata, y a partir de ahí empieza la desposesión o el despojo de la provincia”, puntualizó el fiscal quien recordó que por esto su padre “denunció al gobernador y más tarde escribió un libro al respecto”.

“Después con el tiempo mucha gente fue desarrollando una estrategia de establecerse en un territorio o incluso sin establecerse hacían un plano de mensura sobre muchas hectáreas -500, 1.000, 2.000, 3.000 hectáreas- eso disparaba una orden a ATER para emitir la boleta de impuestos, pagaban esos impuestos y con esa estrategia iban adquiriendo la prueba para hacer el juicio de usucapión y quedarse con el territorio. De esa manera, la provincia perdió miles y miles de hectáreas”, denunció. Para dar una idea de la gravedad de la situación, comentó que al asumir como fiscal de Estado, “había un juicio de usucapión sobre parte del puerto de Concepción del Uruguay”.

Ante ello, dijo que “se comenzó a desarrollar una estrategia defensiva muy fuerte, y eso es una constante en la Fiscalía: se prohibió a Catastro que emita planos de mensura, se prohibió a Rentas que emita boletas de impuestos sobre inmuebles fiscales y el Superior Tribunal de Justicia ordenó que en cada juicio de usucapión se notifique a Fiscalía de Estado quien era el que iniciaba ese proceso y si teníamos interés en la defensa del lugar”.

“A partir de ahí empezamos a evitar ese despojo y además se comenzó una estrategia de recuperación de transferencias dominiales antiguas mediante acciones de lesividad, anulando las ventas de lotes sobre el territorio que fuera de dominio público de la provincia. Se ganó en la Corte Suprema el juicio Escalada y a partir de allí se comenzaron otros y se siguen haciendo permanentemente. De este modo, en Las Lechiguanas se recuperó una muy buena cantidad de hectáreas que son fundamentales porque es la zona logística para el transporte fluvial que tiene mayor potencial de desarrollo en la provincia, puntualmente el puerto de Ibicuy”, afirmó el fiscal de Estado.

Consultado por la situación que se da con los productores que ocupan las islas, explicó que “antes había un régimen de arrendamientos, ley que fue derogada, y hoy hay un régimen de permisos de uso que se administra desde un organismo en el ámbito del Ministerio de Producción”. “Si un productor quiere utilizar un bien del dominio público pide un permiso, el cual es precario y parte del reconocimiento de que la propiedad es del dominio público de la provincia y creo que es la manera de ocupar el territorio, porque ese territorio hay que ocuparlo haciendo un equilibrio entre lo ambiental y lo productivo, pero si no se ocupa hay 90% de posibilidades de ocupación irregular”, especificó.

“Por ejemplo, para evitar los incendios, lo mejor es estar alertas en el territorio y como no tenemos una infraestructura con poder de policía que cubra todo ese territorio, la ocupación pasa a ser una estrategia pero con permisos de uso”, mencionó.

En ese marco, reconoció que “hay ocupación ilegal y hay ocupación que genera incendios porque utilizan la tierra para pastoreo y cría de ganado”. “Ahora está bastante controlado porque hay una gran intervención del Ministerio de Ambiente de la Nación y de la Secretaría de ambiente de la provincia con la colocación de faros de alarma que están funcionando bastante bien y hoy hay un sistema que vemos todos los días que marca cuantos focos ígneos hay en esa zona”, resaltó.

Consultado por la forma de efectuar un mejor control en la zona, dijo que “es un tema que se habló con el gobernador porque creo que falta en la provincia el desarrollo de una policía ambiental, no solamente para las islas, sino también una policía de bienes del dominio público como son las escuelas rurales o los bienes que se expropian y luego no se usan o se usan en parte, por ejemplo”.

“Hay otros temas, como las islas que también se utilizan para amarraderos de barcazas, teniendo en cuenta que hay entre 3.000 y 5.000 barcazas circulando por el Paraná; el tema del alije o la transferencia de combustible sobre el río que es un tema ambiental sobre el cual estar muy atentos. Por eso creo que es necesario crear una policía ambiental y de bienes del dominio público, dependiente de la Policía de Entre Ríos, con recursos tecnológicos –embarcaciones, vehículos, drones- porque es una zona muy grande y los bienes están distribuidos en toda la provincia, financiada con el canon por el uso de tierras fiscales y dispuesta a ir a lugares inaccesibles para prevenir los daños. Hoy existe un control de la división rural de la Policía pero no es específica de las islas, humedales y bienes del dominio público”.

Sobre ocupaciones ilegales y usurpaciones, afirmó que “hay muchas acciones administrativas y legales que se tramitan desde la Oficina de Control de Inmuebles dependiente de Fiscalía de Estado; hay denuncias de particulares y juicios iniciados desde Fiscalía. Todo lo que es la defensa del dominio público pasan por esa oficina”. Agregó además que “hay muchísimas acciones de lesividad, es decir de ventas que se han hecho y que planteamos su nulidad, sin importar el tiempo en que se hizo o la cantidad de años que hayan pasado, porque si eran tierras del dominio público nunca se debieron haber vendido”.

“Es un tema amplísimo, que en lo personal lo tengo entre mis prioridades pero que requiere no tanto más organismo para la defensa legal, que lo tenemos, sino mayor presencia práctica en el territorio”, concluyó.
La pata judicial
Por otra parte, el fiscal coordinador de la jurisdicción Gualeguay, Nogoyá y Victoria, Gamal Taleb, confirmó ante Cuestión de Fondo que en la Justicia “hemos tenido denuncias penales por distintas situaciones que se han desencadenado en la zona de islas, en el humedal ubicado entre Victoria y Rosario” y puntualizó que “una de las denuncias es la que efectuó el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, con motivos de usurpaciones y estafas que se estaban cometiendo en varios islotes de esta zona, donde algunas personas estaban vendiendo bienes de dominio público –concretamente islas- a ciudadanos particulares”.

“Esto cambia con la modificación de criterio que tuvo la Fiscalía de Estado a partir de 2008 donde consideró que las islas eran bienes de dominio público del Estado, criterio jurídico que compartimos absolutamente. A raíz de este cambio de perspectiva jurídica el fiscal de Estado empezó a promover distintas acciones para recuperar y evitar que ciudadanos particulares prescriban en su favor, es decir conviertan en propiedad privada lo que es un bien de dominio público. Eso fue todo un proceso que se dio en la justicia civil y que tuvo algunas ramificaciones en la justicia penal”, explicitó.

“En este caso concreto, en 2020 el doctor Rodríguez Signes realizó una denuncia penal porque había al menos uno o dos ciudadanos que estaban vendiendo, loteando, parcelando, distintos terrenos que pertenecían al Islote Wilson y al Islote Ferrini que tienen unos 35 a 40 hectáreas cada uno, y a la Isla Libertad que tiene 69 hectáreas. En el Islote Wilson había un ciudadano de apellido Díaz que tenía un parador y que comenzó a parcelarlo y vender los lotes a otros ciudadanos particulares, como si fuera un bien propio. Comenzó la investigación y se pudo saber que efectivamente en estos tres islotes había edificaciones de ciudadanos particulares pero no había ningún título de propiedad que justifique esas construcciones y que los estén poseyendo como si fueran los propietarios”, informó Taleb.

Aclaró que “en ese proceso que comenzó en 2008 hubo un reordenamiento, porque antes se celebraban –por una ley que luego fue derogada- distintos contratos de arrendamiento para permitirle a particulares que exploten diferentes actividades en la zona de islas. Se comenzó a utilizar la figura del permiso de uso pero siempre reivindicando la provincia la propiedad sobre esas islas. En este caso, este ciudadano lo que tenía desde el año 2015 es un permiso precario de uso por seis meses, el cual lo autorizaba exclusivamente a realizar actividades por ese plazo de tiempo”.

“Sin embargo en 2020 cuando ya se había vencido ese permiso precario de uso esta persona empezó a vender, a por lo menos dos ciudadanos distintos, como si fuese él el propietario. Por este motivo escuadramos este comportamiento en el delito de usurpación por abuso de confianza y en el delito de estafa por venderles a terceras personas lotes o partes del terreno como si fuese el propietario cuando claramente no lo era”.

“Esto tiene detrás toda una historia de muchísimas personas que consideraron que esos eran bienes del dominio privado y por lo tanto podían ingresar y comenzar a hacer lo que se conoce como usucapión, para quedarse con la propiedad del bien. Por eso es que hay anotaciones en registros, como en este caso de 1975, pero que carecen de valor jurídico porque el Código Civil impide claramente que los bienes de dominio público como las islas sean susceptibles de ser apropiadas por ciudadanos particulares”, explicitó.

Consultado por la investigación judicial tras la denuncia, Taleb comentó que “no era fácil porque son lugares complejos de acceder pero se hizo una investigación con la policía para que nos aclare esta situación y con ayuda de medios tecnológicos pudimos establecer la situación del islote Wilson, el islote Ferrini y la isla Libertad, establecer quiénes son las personas que están ocupando ese lugar y están haciendo edificaciones, y tomando fotografías pudimos ver el estado y el avance de las mismas. Y también el fiscal a cargo de la investigación, Eduardo Guaita, recabó informes de la Dirección de Tierras Fiscales de la provincia y de la Municipalidad de Victoria con su delegación en Islas”.

“Se tomaron declaraciones testimoniales y con motivo de esta consulta periodística me interioricé sobre la investigación que se inició a fines de 2020 a impartí la directiva para que, analizando el conjunto de la evidencia, se reciba la declaración de imputado de esta persona que está usurpando y, en principio, cometiendo también una estafa. La causa avanzó, se esclareció la situación lo que no era sencillo porque los medios para determinar la situación en ese lugar son escasos, pero con la colaboración de todos se pudo reconstruir como fueron los hechos, la situación jurídica de los inmuebles y por eso decidimos dar el siguiente paso procesal que es convocar a esta persona para que declare en carácter de imputado, es decir de persona sospechada de cometer un hecho delictivo”, anunció el fiscal.

Respecto de las penas que podrían caberle al imputado, explicó que “hay un concurso ideal entre la usurpación y la estafa; la usurpación tiene un máximo de pena de 3 años y la estafa un máximo de pena de 6 años, con lo cual el mínimo queda en un mes y el máximo en seis años de prisión”. De todos modos, aclaró que “se espera el descargo de la persona, cuál es su explicación, y una vez que tengamos la prueba de cargo y la prueba de descargo, se tomará una decisión al respecto: si se eleva la causa a juicio o si se busca una salida alternativa al juicio”.

Asimismo, confirmó: “Esta es la única causa que tenemos por denuncia del fiscal de Estado, pero investigando en el sistema informático vi que entre esta misma persona y otro de los ocupantes de una isla cercana también se había producido una situación en torno a una usurpación, es decir que hay conflictos justamente porque son personas que han ingresado sin un título, simplemente ingresaron a ocupar y son situaciones precarias que motivan conflictos particulares”.
Más intervenciones judiciales
El fiscal coordinador Gamal Taleb comentó que “hubo otro tipo de intervenciones en la zona del humedal, de las islas” y mencionó como ejemplo que siendo fiscal en Victoria intervino “de oficio en una causa a raíz de un permiso del Estado para explotar una determinada zona en un islote instalando una especie de amarre de embarcaciones y como consecuencia se había producido el desmonte de todo un islote”.

“Por eso se inició una causa penal de oficio y se pudo recomponer la situación mediante una suspensión de juicio a prueba, donde las personas imputadas asumieron la obligación de reforestar y replantar los árboles que habían tirado abajo. Eso fue muy interesante porque la obligación de recomponer está prevista en la Constitución Nacional, y en ese caso se había imputado el delito de daños, que tiene una pena menor, pero también fue algo novedoso”, contó.

También se intervino en un caso donde se había desviado un curso de agua, a raíz de un juicio entre la Municipalidad de Victoria y una empresa privada, juicio que había ganado el municipio. “Pero acá el inconveniente fue que el delito de usurpación de agua, que está en el artículo 182, solo se configura cuando la persona que desvía el curso de agua lo hace con la voluntad de perjudicar a un tercero, y no es esa la situación que se da en estos casos. Porque nadie lo hace para perjudicar a otro sino para obtener un lucro personal que no está previsto como situación específica”, explicó.

“En esto vimos que se podría realizar una modificación legislativa que sería muy importante porque son situaciones que suelen repetirse sobre todo en esta zona de humedales donde empresas o particulares que las explotan establecen amojonamientos o desvíos de cursos de agua para beneficiar sus propios fundos sin tener ningún derecho a eso, porque el agua es un bien de dominio público”, opinó.

Por otra parte, puntualizó que “también se intervino y se cambió el criterio con el tema de los incendios en la zona de islas”. “La práctica histórica y la jurisprudencia histórica en esta materia era considerar que los incendios eran faltas administrativas porque hay una ley provincial referente al uso del fuego en la zona de islas, que eran prácticas atávicas que se desarrollaban con el fin de maximizar beneficios económicos vinculados a la ganadería y otro tipo de actividades económicas que se hacían en el lugar. Nosotros cambiamos ese criterio planteando que estos eran hechos delictivos porque eran incendios que tenían la aptitud para crear un peligro común a bienes y personas y también el delito de contaminación del aire”, planteó.

“Luego de iniciarse una causa de oficio, cuando se produjo uno de los incendios más grandes en la zona, se realizó una investigación muy interesante pero tomó competencia la justicia federal, que actuó y pudo esclarecer muchísimas de esas quemas”, agregó.

En este contexto, admitió la importancia de la medida cautelar dispuesta por el Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de Paraná, a cargo de Daniel Alonso, que estableció la prohibición absoluta de acciones humanas con capacidad de alterar el medio ambiente en la zona. Consideró que “esta es un área natural protegida por ley, tenemos muchas organizaciones ambientalistas que conocen muchísimo la zona y sería bueno un diálogo o una deliberación pública sobre qué se va a hacer con la actividad en las islas. Es necesario que la política avance, se han hecho cosas pero sería importante que se llegue a un consenso para determinar qué se puede hacer y qué cosas no se pueden hacer, pero siempre con un criterio de protección porque son recursos muy importantes del medio ambiente y el ecosistema que hay allí y tenemos que tomar conciencia de esto. La verdad que no veo ningún tipo de interés que justifique que el hombre esté explotando económicamente y de un modo perjudicial para el ambiente esas zonas tan ricas, no veo ninguna razón que justifique que se realicen fiestas electrónicas en ese lugar, que se lleven adelante emprendimientos que no tiene nada que ver con la idiosincrasia y con la necesidad de proteger”.

“Si se convoca a estas organizaciones ambientalistas que tienen un criterio muy razonable y que conocen como pocos lo que se está haciendo en ese lugar, podríamos ponernos de acuerdo todos para establecer límites y que todos sepan lo que se puede y no se puede hacer, y eso evitaría estas consecuencias que luego tienen una repercusión en la esfera penal. La normativa está y Entre Ríos tiene, quizás, la protección jurídica del medioambiente más avanzada del país en su Constitución provincial y también tiene muchísimas leyes sancionadas desde la década del ‘90 con el consenso de las organizaciones ambientalistas y me parece que es hora de llevarlas a la práctica. Es el momento de ponerle un punto final a situaciones que afectan e inciden negativamente sobre el medioambiente”, pidió.
Conclusiones
Tanto desde el municipio como desde Fiscalía de Estado y la Justicia coinciden en la necesidad de trabajar en un plan de regulación de todas las actividades que se realizan en el territorio de islas, en coordinación entre los actores y las esferas de gobierno: nacional, provincial y municipal, para resguardar un ecosistema estratégico y fundamental.
Fuente: Cuestión de Fondo - Análisis Digital.

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