“No cabe duda”, concluyó el tribunal respecto de la relación de Aguilera de esas empresas, y resulta una definición clave.
A Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, funcionario del Senado de Entre Ríos, como partícipe necesario de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública en concurso ideal, en dos hechos, le fue solicitada una pena de 10 años de prisión. Además, la accesoria de la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
Las pruebas respecto de esa relación surgen de los mensajes y elementos contenidos en el disco rígido secuestrado en el allanamiento a Tep y Next ordenado por la Justicia en 2016, elemento que la defensa había pedido que se excluya y que el tribunal decidió confirmar como incorporado a la causa.
“Es indudable que Aguilera ya se dedicaba a la publicidad con la empresa Cinco Tipos. En 2009 creó estas dos empresas, Tep SRL y Next SRL, para monopolizar las contrataciones de publicidad en vía pública del Gobierno, manteniéndose como socio oculto. Las dos personas que aparecen como dueños (Emiliano Giacopuzzi y Maximiliano Sena) no son los verdaderos dueños, sino socios aparentes. Popularmente se conoce como prestanombre o testaferro”, dijo Chemez en represtnación del tribunal. La inclusión de su esposa, Luciana Almada, y su cuñado, Alejandro Almada, en las sociedades, tenía el objetivo de tener “un mejor control” de su manejo, agregó.
También quienes imparten Justicia tienen por probado que la empresa Publicitar, que en apariencia era de Gustavo Pereyra, un empleado del Partido Justicialista, en la realidad también era de titularidad de Aguilera. “Pereyra era un empleado más”, señaló.
Pero también, el tribunal del megajuicio -que conforman José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón- aceptó como prueba el disco rígido hallado en una vivienda cercana a la sede de Tep SRL y Next SRL durante los allanamientos practicados por la Justicia el 1° de agosto de 2016. La Fiscalía alegó que ese disco rígido fue arrojado por un ventiluz por la contadora de las empresas, Corina Cargnel -también imputada en el proceso-, pero el tribunal dijo que ese dato anecdótico no quedó probado. “Ese disco se encontraba en la sede de las empresas, y que alguna de las personas de esas empresas, ante la presencia de la Policía y de los fiscales en el allanamiento, se desprendió del comprometedor elemento, resultando irrelevante si fue o no Cargnel quien lo arrojó”, mencionaron.
El disco rígido hallado de forma casual en una vivienda de calle Feliciano al 800, contigua a Racedo al 400, sede de las empresas Tep SRL y Next SRL, durante el allanamiento ordenado por Justicia en la denominada “causa de la vaca”, una de las tres grandes causas que conforman el megajuicio, en cuyo marco se inició este lunes la fase de los alegatos de clausura. Ese disco rígido, en opinión de Fiscalía, era la “caja negra” que contenía toda la información con la que se acusó en el megajuicio.
“La contadora Corina Cargnel (una de los 13 imputados en el megajuicio) era la encargada de registrar las maniobras de la caja negra de las ilicitudes. Todo se asentaba en el disco externo para que no quede registro en otro lado. Solamente ella tenía acceso a ese disco. Ella estaba interesada en hacerlo desaparecer el día del allanamiento”, detalló Yedro. “Solamente ella conocía de la importancia, del tenor de la información que se resguardaba e el disco rígido. Estaba presente el día del allanamiento en Racedo 415. Tuvo el tiempo necesario para arrojar el dispositivo antes de presentarse a atender a los funcionarios que realizaban el allanamiento”, dijo la fiscal Patricia Yedro durante el desarrollo del juicio.
El lunes 27 de septiembre, en el alegato de apertura del megajuicio, la Procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche responsabilizó a la contadora Corina Cargenal de haber arrojado ese disco rígido. “La contadora era tan consciente de la ilicitud de este hecho que el día de los allanamientos, el 1° de agosto de 2016, en las oficinas de Racedo al 400, arrojó por el ventiluz de uno de los baños, un disco rígido. No se imaginó que la vecina de la casa lindera, convocó al personal policial y a los fiscales, y permitió el secuestro de ese disco rígido. Una vez que se abrió, se descubrió por qué lo arrojó. Era la caja negra de las maniobras ilícitas para la sustracción de dineros públicos”.
Teresa Pot, una empleada doméstica que trabaja en la casa de una docente jubilada que habita en una vivienda ubicada en calle Irigoyen al 800, contiguo a los galpones de Tep SRL, contó del hallazgo del disco rígido, aunque entonces, aquel 1° de agosto de 2016, no supo que era un disco rígido. La mujer, mientras hacía la limpieza de la casa, halló un adminículo que primero pensó que se trataba de un juguete, y con esa idea se la entregó a la dueña de casa. La propietaria de la vivienda, al enterarse que aquel 1° de agosto de 2016 se realizaba un allanamiento a los vecinos, acudió a la Policía y dijo que tenía algo para entregar.
“No tenemos dudas que los innumerables cuestionamientos a la incorporación del disco externo era porque se desconocía el contenido de esta información. La información allí resguardada vinculada íntimamente con los ilícitos, además de ser esclarecedora y comprometedora. Resulta ser la principal fuente de prueba para la Fiscalía. En este disco externo se halló información que vincula a Aguilera con Urribarri, y a éstos con el parador (que se montó en Mar del Plata en 2015, caso que también se ventila en el megajuicio)”, abundó la fiscal Yedro.
Yedro le respondió a Aguilera, cuando en su declaración de imputado dijo que el megajuicio se parecía a una serie de Netflix. “Sí, se parece a una serie de Netflix –aceptó la representante del Ministerio Público Fiscal-. El guión de esta serie fue escrito por los propios protagonistas”.
La “causa de la vaca”, sobre la que alegó extensamente la fiscal Yedro, busca explicar de qué modo se operó con las publicidades estáticas en vía pública para beneficiar a dos empresas que se adjudica a Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, Tep SRL y Next SRL, y de con qué estrategia actuaban en forma “cartelizada” con las firmas Fernando Montañana y Jesús Bustamante para la distribución de las pautas publicitarias, en maniobras delictivas “en continuado” entre 2010 y 2015.
En esas maniobras de cartelización, se sustrajo del erario público la suma de $21,5 millones, que dolarizada al valor de entonces representaba 3.250.000 dólares.
Los delitos investigados consistieron en el direccionamiento de órdenes de publicidad durante los años 2010 a 2015 por un monto total de más de $20 millones a lo largo del gobierno de Urribarri y su ministro Báez “en contrataciones de campañas publicitarias en vía pública a empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, quien era funcionario público provincial y familiar del exgobernador”.
Para el Ministerio Público Fiscal, las firmas que se adjudican al cuñado Aguilera, Tep SRL y Next SRL, “absorbieron la casi totalidad de la publicidad en vía pública del Estado Provincial, la que se otorgaba desde el Ministerio de Comunicación a cargo de Báez de manera directa y por vía de procedimientos de excepción”.
En el cierre de los alegatos de la primera de las tres grandes causas que conforman el megajuicio, la fiscal Yedro señaló que la contadora Cargnel, pieza clave en la acusación, "era una empleada más de Aguilera. Cumplía el rol de contadora pero también de secretaria. Era un empleado más, como Luciana Almada, Alejandro Almada, Emiliano Giacopuzzi y Maximiliano Sena. Todos trabajaban para el señor Aguilera".
Reseñó la prueba incorporada, los documentos hallados, los mensajes extraídos de los teléfonos celulares y sostuvo que “ninguna de las defensas de los imputados ha logrado conmover la imputación. Solamente se limitaron a negarlas, rechazarlas o criticar la labor de los peritos de Fiscalía”.
