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¿En qué ley, en qué Código, en qué artículo de la Constitución o de los tratados internacionales de Derechos Humanos se le impone a una presunta víctima de abuso sexual contar con una citación formal previa para concurrir a tribunales a relatar los traumáticos hechos que le tocó vivir? ¿Puede haber justificativo razonable para no atenderla una vez que, dominando los miedos y las comprensibles trabas psicológicas que padece, se decide a hablar?

Las preguntas, sin dudas retóricas, más que buscar una respuesta pretenden abrir a debate el confuso episodio que se vivió en los Tribunales de Concordia el pasado viernes, cuando la joven estudiante universitaria que habría sido abusada por dos jóvenes concurrió a prestar declaración testimonial.

Al menos hasta ahora, la única explicación de lo ocurrido fue la brindada por el Fiscal de la causa, el Doctor Darío Mautone, puesto que tanto la presunta víctima, su familia como el letrado que la defiende han optado por guardar estricto silencio.

¿Qué dijo Mautone? Calificó a lo sucedido como “un malentendido de parte del abogado de la familia de la víctima”, puesto que el profesional se presentó con la joven “solicitando que se le tome declaración”. Pero, agregó el Fiscal, a esos efectos ya “se había dispuesto en el legajo otro día y horario".

El representante del Ministerio Público Fiscal se excusó, porque tenía “muchísimas audiencias, por lo que resultó imposible -dijo-, aunque se quisiera, poder tomarle declaración a la denunciante". “Para charlar con ella necesitamos tener tiempo y poder escucharla en todo lo que sea necesario”, agregó. Fuentes judiciales a las que pudo acceder El Entre Ríos efectuaron otra ponderación de los hechos, casi contrapuesta a la de Mautone. Primero y principal, parten de una premisa que consideran innegociable: la joven debió ser atendida sí o sí.

Entienden que por más cargada que estuviera la agenda de los tribunales, la declaración testimonial era prioridad, más aún a sabiendas de que se venía posponiendo por las comprensibles trabas que experimenta la mujer para hablar de lo que le tocó vivir.

Como se puede apreciar, esta otra lectura de lo vivido en Tribunales el viernes, en vez de culpar a la defensa, responsabiliza a la Fiscalía, en base a una secuencia de hechos resumida en estos términos: "El miércoles se le avisó al Fiscal que la joven ya estaba en condiciones de hablar. Podría haberla escuchado el jueves a la mañana temprano, lo que habría otorgado a Fiscalía un mayor respaldo para prolongar la prisión preventiva de los dos señalados, pero no lo hizo y, horas después, uno de los jóvenes acusados quedó libre y el otro fue mandado a su casa. Y como si todo esto fuera poco, el viernes la chica va a tribunales movida por el deseo de hablar de una vez por todas y resulta que no la reciben". La tramitación de esta causa ya había atravesado por otro momento cuanto menos extraño, cuando Dachary, el acusado que por entonces no había sido aún capturado, fue casi a la puerta de Tribunales pero la Policía no lo vio. Como el vehículo en el que estaba "tiene vidrios polarizados y Dachary tenía un buzo oscuro, entiendo que no lo pudieron ver adentro", fue la explicación que atinó a dar Mautone. La causa está caratulada como “abuso sexual con acceso carnal”. El Código Penal establece para quienes fueran hallados culpables de ese delito de 5 a 15 años de cárcel.

El 8 de noviembre de 2018, la joven estudiante usó su perfil en Facebook para denunciar el hecho y su posteo rápidamente se viralizó. En esa misma jornada, la Policía pudo dar con el paradero de uno de los acusados, Martín Zanandrea. El otro, Fernando Dachary, se entregó recién el 12 de noviembre, cuatro días después que su compañero.
Fuente: El Entre Ríos

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