Asimismo, detallar por cada año, localidades y número de viviendas o unidades habitacionales entregadas, y si las respectivas entregas se realizaron mediante adjudicación por sorteo o a través de convenios específicos con terceros.
Así lo hicieron el 1º de septiembre, con el patrocinio letrado del abogado Rubén Pagliotto, solicitando se ordene al IAPV dar respuesta, “en el más breve plazo”, a su pedido de información pública.
Cuatro años, fuera de juego
En su fallo, el juez Chemez decidió hacer lugar parcialmente a la acción de amparo, “CONDENANDO a la demandada (IAPV) para que en el término perentorio de 5 días corridos proceda a brindar la información pública requerida por los actores, por el período 2010 - 2015 y diciembre de 2020 - 30 de junio de 2021”.Sin embargo, hay un período de cuatro años que no fue contemplado en la sentencia, a partir de un fundamento esgrimido por el organismo provincial en oportunidad a una intimación previa, que fue tenido en cuenta por la Justicia.
“RECHAZANDO parcialmente la acción respecto al período 2016 a noviembre de 2020 incluido, conforme los motivos expuestos en los considerandos”, al tratarse de un período coincidente con lo respondido el año pasado desde el IAPV a un pedido de informes de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. “Teniendo por acreditado que Solari y, por ende, sus consortes procesales tuvieron libre acceso a la información pública solicitada -dice la resolución-, aunque acotada al período 2016 a noviembre de 2020 inclusive, corresponde rechazar parcialmente la acción de amparo en relación a este lapso de tiempo comprendido dentro del mayor período que pretenden los amparistas”.
No obstante, el vocal de Juicio y Apelaciones consideró que “no existe en este concreto supuesto -información 2016 a noviembre de 2020- un hecho u omisión que en forma actual o inminente, amenace, restrinja, altere, impida o lesione de manera manifiestamente ilegítima el ejercicio de un derecho o garantía reconocido por la Constitución Nacional o Provincial”.
Ello, “toda vez que la información por este período ya había sido brindada ampliamente a la Cámara de Diputados a pedido, entre otros, del diputado Solari, y dado que la misma estuvo al alcance de los amparistas”, argumentó en los considerandos.
IAPV y su postura
Una intimación previa a la sentencia permitió conocer una explicación oficial del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda, desde donde solicitaron el rechazo de la acción de amparo al considerarla “improcedente”.En primer lugar, mencionan que se dio efectivo trámite a la nota recibida por medio de Mesa de Entradas, aunque consideran que el requerimiento de información pública “es malicioso y tendencioso, y que esconde en las pretensiones esgrimidas en autos, intenciones diferentes a lo peticionado”.
“En razón de la pandemia de público conocimiento, la información a recopilar -se excusaron desde el organismo provincial- demora la producción de los informes respectivos, en razón de la disminución del personal que concurre a las oficinas laborales y el régimen de burbujas en pos del cuidado de los agentes públicos”.
Asimismo, refieren que Eduardo Solari, en su calidad de diputado provincial, “no puede desconocer que la información requerida fue entregada a la Cámara de Diputados”, la cual se encontraría a su disposición en “1 carpeta y 5 biblioratos que de manera acabada detallan las viviendas que han sido construidas, adjudicadas, personas beneficiarias, demanda habitacional insatisfecha, planes y programas de construcción, sistema de financiación, entre otra información que perfeccionan el informe”.
Para el IAPV, “Solari debió recurrir a la información que dispone en la Cámara de Diputados y solicitar prudentemente la del período 2021, entendiendo que no resulta correcto el requerimiento realizado, siendo el obrar tendencioso, malicioso y de mala fe”.
