La actual encrucijada es consecuencia de una historia que comienza allá por diciembre de 2013, cuando la Policía de Concordia se había sublevado y los saqueos y piquetes convertían a las calles de la ciudad en tierra de nadie. En ese contexto, llega desde Federación una niña, que es derivada luego a Paraná y finalmente fallece. Su familia demandó tanto al Estado entrerriano como al Instituto de Pediatría y ambos fueron condenados en fallo de primera instancia. Emerge entonces un hecho atípico en el mundo del derecho: los abogados del prestador de salud concordiense NO apelaron la sentencia, por lo que quedó firme y sobrevino el embargo. “Nos reservamos el derecho a accionar judicialmente contra los abogados que nos representaron tan mal”, se lamentó el director del Pediatría, Carlos Arizabalo (h), en diálogo con El Entre Ríos.
- ¿Hay posibilidades de que el Instituto de Pediatría deba cerrar o está descartado tal extremo?
- Descartado no está. Nos motiva la esperanza de que no suceda. Por ahora, es una esperanza, hasta que obtengamos respuestas concretas. Nosotros lo que queremos es que se involucre la provincia, a través de Salud, que engloba tanto a la parte privada como a la pública.
En primer lugar, porque un eventual cierre del Instituto tendría una repercusión social muy importante y una afectación al sistema de salud en su conjunto.
Pero además, porque en la causa por mala praxis que dio origen al embargo de las cuentas del Instituto del Profesorado, la provincia es 'cosolidaria'. Es decir, la demanda también es contra el Estado entrerriano.
- ¿También la provincia ha sido condenada?
- Sí, pero hay una diferencia. Los abogados del Estado apelaron mientras que los que representaron al Instituto de Pediatría no lo hicieron. Ahí está el problema. Por eso nosotros hablamos de una 'mala praxis' de la parte jurídica. No existen antecedentes de que alguien no haya apelado una sentencia de primera instancia.
Además, se trata de un juicio que el Instituto de Pediatría muy probablemente no lo perdiera, porque tiene una participación muy pobre en el hecho investigado. La niña fallecida vino en tránsito, desde Federación. Se le hizo un diagnóstico y la derivamos a Paraná.
- ¿Por qué la derivaron?
- Porque ese día estaba la policía acuartelada y había saqueos. El cirujano tenía un piquete en la puerta de la casa. Así estábamos. Normalmente se habría operado acá, pero en ese momento la decisión fue enviarla a Paraná, donde podían solucionar el problema. Pero la nena tenía un cuadro que venía de tres o cuatro días de evolución.
- ¿Fue sólo un olvido de los abogados del Instituto que hayan dejado vencer el plazo para apelar?
- Hay un montón de irregularidades que nos hacen sospechar. Los abogados de la parte demandante y los nuestros son primos hermanos. No se puede creer lo ocurrido. No tuvimos ninguna comunicación. Nunca nos avisaron nada, ni de las decisiones ni de las omisiones. Hubo actitudes raras. Nos reservamos el derecho a accionar judicialmente contra los abogados que nos representaron tan mal.
Hoy estamos en esta situación no por el juicio, porque es normal que haya una causa judicial ante situaciones como las que vivió esa niña. Lo anormal es la actuación de los abogados. Estamos en esta situación, con las cuentas embargadas y sin poder pagar salarios, por culpa de ellos.
- ¿Le han pedido un auxilio especial a la provincia, algún crédito, para salir de esta encrucijada?
- Por ahora, sólo me he comunicado con la Ministra Sonia Velázquez y le he comunicado lo ocurrido. Nada más por ahora. No he tenido contestación. Seguramente en algún momento me va a responder.
- ¿Qué impacto tendría si se llega al cierre del Instituto de Pediatría?
- Además de las 25 personas que pueden quedar sin trabajo, son 40 años de trayectoria y prestando servicios no sólo a Concordia sino a toda la región.
- ¿Cuál es la situación del personal?
- Están al tanto de todo lo que está pasando y nos apoyan. Es la sensación que tengo.
Arizabalo destacó la labor del abogado Martín Jáuregui, a quien le confiaron de ahora en más la representación del Instituto de Pediatría. Jáuregui considera que el Estado provincial, al estar condenado solidariamente y tener a su cargo la salud pública, tiene el deber de auxiliar al Instituto de Pediatría. “Es una función ineludible de la provincia acudir en auxilio del Instituto, simplemente haciéndose cargo de la condena que pesa sobre ella, y negociando con las aseguradoras e incluso con el mismo Instituto un recupero parcial de dichos fondos”, explicó el letrado.
Jáuregui no dudó en atribuir el origen del pleito contra el Instituto de Pediatría al “deficiente servicio de Seguridad de la provincia ya que el cirujano no pudo concurrir y por eso se derivó a la paciente, porque ese mismo día el motín policial (de diciembre de 2013), los desmanes, robos y caos existentes en Concordia, dificultaron toda circulación. Es decir, hubo una causa de fuerza mayor no atribuible a los médicos, pero sí al Gobierno que no pudo controlar la seguridad pública”.
