El fisco de las cosechadoras
El escándalo cobró dimensiones nacionales cuando Sergio Urribarri hizo trasladar la ostentosa carcasa naranja que cubría la aparente máquina agrícola hasta la explanada de la Casa Rosada para inmortalizar aquella foto con Cristina Fernández de Kirchner montada junto al Gobernador entrerriano.
Los aplausos y la propaganda a favor de la futuresca cosechadora naranja se volvieron un verdadero boomerang. Las denuncias periodísticas de quien escribe advirtiendo sobre los millones de pesos en cheques rechazados registrados en el Banco Central se combinó con la larga fila de empleados, proveedores locales y de otras provincias reclamando pagos a la empresa ante los cheques sin fondo.
La trama de complicidades
A cualquier otra empresa, el tema le hubiera costado caro: la inmediata ejecución del seguro de caución (una suerte de "garantía" que deben firmar las empresas cuando reciben dinero del Estado) y el inicio de una causa judicial por defraudación al fisco.
Pero nada de eso ocurrió. Debió ser un estudio de abogados como el de Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet quienes denunciaron el caso en la Justicia, cuando ya todos los Medios dedicados a la investigación periodística daban cuenta de la estafa que había significado la operatoria de la supuesta fábrica de cosechadoras.
¿Cómo imaginar que una fábrica de cosechadoras tuviera un capital inicial tan bajo cuando una cosechadora nueva cuesta, al menos, unos U$S 500 mil; es decir algo así como $7.500.000? ¿Qué criterio tuvo el Gobierno de Sergio Urribarri para prestarle más de $6.000.000 a una firma con dudosos antecedentes y sin capital de inversión?
Está claro que la respuesta es una sola: esto ocurrió gracias a la trama de complicidades que avaló el crédito a la empresa y operó, luego, cuando el fraude se había consumado, en resguardar a los empresarios y funcionarios involucrados.
Los sospechosos de siempre
El abogado denunciante Guillermo Mulet contó esta semana en Radio Franca que actualmente la causa, después de 6 años, tiene imputados a los empresarios (Ricardo Senor e hijo) y al ex Ministro de Economía, Diego Valiero; al ex Ministro de la Producción, Roberto Schunk. Fue la propia ex titular del Fondo de Inversiones provincial, Finver, Mabel Solanas quien en su declaración ante la justicia admitió que la orden de otorgar los fondos a la empresa "vino de arriba". Hoy la justicia investiga si esa señal alcanza sólo al exMinistro Schunk o también alcanza al exGobernador Urribarri.
En el programa "Otra Sudestada", Mulet agregó esta semana que han pedido la imputación en la causa del actual Fiscal de Estado de la provincia, Julio Rodríguez Signes, que no persiguió el cobro inmediato del Seguro de Caución para que el Estado provincial recuperara la plata prestada. "entendemos que ha incurrido en el incumplimiento de los deberes de funcionario público y por eso pedimos que sea imputado en la causa el Fiscal de Estado", contó Mulet esta semana.
En su arremetida en ésta y otras tantas causas de corrupción que están "demoradas" en la justicia, Mulet también la emprendió contra el jefe de los Fiscales, el Procurador General de la provincia, Jorge "Coke" García: "Nos parece que las causas de corrupción no han tenido el impulso que debieron haber tenido, y en esto hay responsabilidad de quien coordina el trabajo de los fiscales como es el Procurador", sentenció el abogado.
Como en tantos otros casos, queda a la vista que las causas de corrupción han avanzado sin miramientos en Entre Ríos. Detrás de cada maniobra que hoy asoma a la luz aparecen nombres que se repiten, operatorias que siguen caminos similares y una trama de complicidades que, como mínimo, ha requerido la connivencia de los organismos de control, la justicia y los resortes institucionales que deben custodiar los intereses de los entrerrianos.
Pero, como presagió el abogado Mulet, "tarde o temprano algunos van a perder poder y ahí estaremos para que se haga justicia".
