La audiencia se reanudará el lunes para que concluya Rodríguez Allende. El martes seguirán los abogados Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez, que defienden al exgobernador y actual embajador en Israel y Chipre, Sergio Urribarri. En tanto, las réplicas y dúplicas comenzarían el jueves de la próxima semana, mientras que para la semana del 21 al 25 de marzo quedarían las últimas palabras de los imputados.
Más temprano, cuando se reanudó la audiencia este jueves, el abogado Miguel Cullen concluyó su defensa por los imputados Corina Cargnel, Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Alejandro Almada y Gustavo Tórtul, requiriendo la exclusión probatoria de informes de empresas telefónicas y reclamó que se respete la Constitución.
Pedido de absolución para Aguilera y Almada
El defensor Rodríguez Allende alegó en defensa de Aguilera y Luciana Almada, en el marco de la causa imprentas. “Nadie pudo decir que Aguilera era dueño de las empresas”, dijo el abogado casi al mediodía de este jueves. Advirtió, al inicio de su exposición, que nunca trató a los fiscales “con falta de objetividad, ni arbitrios”. Introdujo que en las causas que involucran a sus defendidos “hay graves irregularidades”.Ubicó la primera denuncia que originó la Investigación Penal Preparatoria en una publicación de revista ANÁLISIS -aunque sin nombrar el medio-, en diciembre de 2015, por presunto enriquecimiento ilícito del exgobernador Urribarri y su grupo familiar, incluyendo a Juan Pablo Aguilera. Recordó que dos abogados hicieron una presentación espontánea en la Procuración y, entonces, comenzó la investigación que derivó en una serie de allanamientos, el 1º de agosto de 2016: cuestionó fundamentalmente los procedimientos llevados a cabo en las instalaciones principales de Tep y Next y alrededores. “Yo no puedo decir que el disco extraíble fue plantado o no fue plantado. Lo que puedo decir es que hubo muchas irregularidades e incongruencias que no se aclararon con los testigos en el debate”, se quejó.
Rodríguez Allende analizó la investigación de la causa “Imprentas” a través de “un esquema privado” y “un esquema público”. En ese sentido, evaluó los testimonios en grupo, aquellos vinculados a los allanamientos de agosto de 2016 en primer lugar; en segundo lugar, los relatos vinculados a las empresas Tep y Next; después, los vinculados al ámbito del desparecido Ministerio de Cultura y Comunicación; en cuarto lugar, los testimonios relacionados al ámbito del Ministerio Público Fiscal, es decir profesionales a cargo de informes; y por último los testimonios que refuerzan la teoría de las defensas.
