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La causa por supuesto enriquecimiento ilícito que se le sigue al actual intendente de Santa Elena y exvicegobernador Domingo Daniel Rossi y su esposa, Patricia Díaz -la segunda investigación de este tenor, puesto que ya tuvo condena por una primera investigación judicial- se abrió en 2016, y, a pesar de que viene batallando por conseguir su sobreseimiento, la pesquisa judicial sigue en pie. El martes 11 de febrero de 2020, el juez de Juicio y Apelaciones, Pablo Vírgala, rechazó el sexto pedido de sobreseimiento y también la solicitud del beneficio de prescripción de la acción penal.

Ahora, la causa tendrá un nuevo capítulo en Tribunales. Este miércoles 10, a las 9, ante el juez de Garantías José Eduardo Ruhl, el defensor de Rossi y de Díaz, Carlos Guillermo Reggiardo insistirá con un pedido para que se envíe un nuevo exhorto diplomático a la República Oriental del Uruguay para que se informe sobre las cuentas bancarias que el matrimonio santaelenense tiene en ese país. La Justicia entrerriana ya cuenta con elementos probatorios que darían cuenta de los movimientos de divisas en el vecino país.

En su decisión de un año atrás, el 11 de febrero de 2020, el juez Pablo Andrés Vírgala por un lado rechazó (por sexta vez) el pedido de sobreseimiento. Por otro lado, tampoco hizo lugar al segundo planteo que formuló el defensor: el beneficio de la prescripción de la acción penal.

«La situación de los investigados es hoy un poco más comprometida», resumió Virgala al dar a conocer su resolución a la petición que había formulado el viernes 20 de diciembre de 2019 el defensor de Rossi, Carlos Reggiardo. «Lo único nuevo es una prueba que, lejos de favorecer la postura de los investigados, no hace sino comprometerlos», evaluó el magistrado al citar la documentación remitida, vía diplomática, por el Scotia Bank de la República Oriental del Uruguay, que certificó que la esposa de Rossi tiene una cuenta de 300 mil dólares.

Otro revés para Rossi y su esposa ocurrió el viernes 22 de noviembre de 2019. Ese día, el juez de Garantías Nº2, José Eduardo Ruhl, rechazó (en este caso, por quinta vez) el pedido de sobreseimiento. Los argumentos del juez al rechazar la petición defensiva fueron similares a los vertidos en otras oportunidades: que se trata de una causa compleja y que no existe “certeza negativa” para impedir que la Fiscalía siga investigando.

Ruhl tomó un nuevo argumento del fiscal Piérola, quien dijo en base a informes del sistema bancario uruguayo conseguido vía judicial se supo que Rossi y Díaz tendrían un depósito de 300 mil dólares en el Scotiabank de la República Oriental del Uruguay.

“Primero Rossi dijo que no tenía cuentas. Después, se discutió sobre la fecha de la apertura de esas cuentas. La evidencia que se pudo recoger hoy, nos da la razón. E indica que lo que se afirmó no era cierto. Hicimos lo que teníamos que hacer: por vía diplomática se pidió la información y esa información, aunque tardó, finalmente llegó. Pedimos vía Afip y vía Cancillería. Llegó vía Cancillería. El informe lo hizo el Banco Central del Uruguay. De muchas entidades hay informes negativos, pero también hay informes positivos. Hubo que ir a la Justicia del Uruguay para exigir que el Scotiabank nos diera información, porque el banco protegía a su cliente. Por eso el mote que tiene Uruguay de paraíso fiscal”, planteó el fiscal de la causa, Álvaro Piérola.

La defensa de Rossi y Díaz enarbola otra documentación proveniente del Scotiabank, de la República Oriental del Uruguay, que, afirma, probaría su tesis defensiva: que las cuentas a nombre de Díaz existen desde antes de convertirse en diputada provincial, cargo que ejerció entre 2007 y 2011.

El documento bancario proveniente de Montevideo, fechado el 16 de octubre de 2019, llegó al país vía exhorto judicial internacional el viernes 21 de febrero, según dijo el defensor a Entre Ríos Ahora. En el mismo se informa a la Justicia entrerriana que la exdiputada y actual concejal Díaz, esposa de Rossi, tenía cuenta en el banco desde 2002, por un importe de 300 mil dólares.

“Lo que hoy el banco está diciendo es una cuestión decisiva. El banco está yendo por encima de los 10 años que tiene obligación de informar porque nosotros fuimos los que solicitamos que se revele esa información, porque la política sobre los clientes del banco y las cuentas no la hacen con Rossi, que es un cliente menor, sino con otro tipo de clientes. Nosotros insistimos hasta que se reveló la información, que es clara, que no hubo enriquecimiento de Patricia Díaz cuando fue diputada, ni tampoco hay cuentas que puedan ameritar la apertura de una causa. Nosotros creemos que el camino ahora es el sobreseimiento”, declaró el abogado Reggiardo.
Fuente: Entre Ríos Ahora

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