Atención

Esta imágen puede herir
su sensibilidad

Ver foto

Compartir imagen

Agrandar imagen
El juez de Transición Gustavo Maldonado pidió el desafuero de los diputados Sergio Urribarri y Pedro Báez en el marco de la causa en que se investigan supuestas irregularidades en el manejo de la publicidad oficial durante la gestión anterior. El caso fue denunciado por el entonces diputado nacional, Jorge D’ Agostino. La causa se inició cuando aún en Paraná no regía el sistema acusatorio, precisamente por eso el expediente está a cargo de un juez. El ex gobernador y ex ministro de Comunicación y Cultura están procesados luego de que la Cámara de Apelaciones confirmara esa instancia de los investigados.

Los diputados enrolados en el bloque Cambiemos adelantaron oficialmente que ante cualquier pedido de desafuero en las causas que están tramitando en sede judicial votarían los desafueros. El antecedente más próximo fue por la negativa, cuando esta solicitud recayó sobre el presidente del cuerpo en una causa por calumnias e injurias que le inició el abogado del foro local, Guillermo Mulet. Los legisladores no le hicieron lugar a la petición.

La defensa deel ex Gobernador, a cargo de Raúl Barrandeguy, este lunes presentó un escrito solicitando que se lo convoque. Esta vez, entonces, se presentará ante el juez y no dejará un escrito como en otras oportunidades.

En la denuncia de D’ Agostino aparecen contrataciones por 1 millón de pesos en publicidad a diarios y revistas y 500.000 pesos a Global Means SA. Entre los medios beneficiados se encuentran el canal C5N con 200.000 pesos; SA Entre Ríos (El Diario de Paraná), con 271.000 pesos y el diario Uno con u 800.000 pesos, entre otros.

Para el radical, en el reparto de la publicidad oficial hubo un “direccionamiento arbitrario” que se habría realizado en connivencia con el empresario Germán Buffa, a quien se sindica como el testaferro de Báez.

La Fiscalía entendió que en las contrataciones se eludieron los mecanismos legales. El delito que se imputa es el de negociaciones incompatibles con la función pública.
Fuente: Página Judicial

Enviá tu comentario