Bachelet

e los frentes de combate abiertos en los que pelea Alberto Fernández Nade puede negar que a nuestro Presidente le ha tocado bailar con la más fea. Y que, como consecuencia de ello, se vea en la obligación de pasarse el tiempo atajando penales en diversos frentes, que para colmo de males parecen cosa de nunca acabar. Por Rocinante Los que le exigen mayor atención, son los de la pandemia; que se han visto extendidos a sus complicaciones a los confinamientos, tantas veces resistidos y a las vacunaciones de dosis escasas. Los vinculados con la deuda vencida con el Fondo Monetario Internacional y la por vencer con el Club de París son otro desafío a sus aptitudes de arquero. O el de una inflación galopante y de una estampida en los precios, no pueden dejar de alertarlo. Sin olvidar &ndash;ya no se trata de atajar penales, sino de un partido aparte- que es el que se desarrolla sobre el terreno donde el presidente intercambia sobre todo vinagre, con algunas dulzuras, con la vicepresidenta. Esta vez prestando atención a un expediente que corre por cuerda floja, y es el que está impulsado por la ex presidenta, y sus preocupaciones obsesivas (con razón) en materia judicial. Todo ello con la necesidad de actuar de equilibrista delante de importantísimos actores internacionales como son los Estados Unidos de América, China, la Unión Europea, y actores locales como son los países vecinos, que son también algunos de los cuales se los ve mostrarse inquietos por razones diversas. El lugar que ocupa la Venezuela actual en medio de un escenario de locura En realidad, tendría que aludir a la importancia fundamental que tiene la política exterior de nuestro Estado, para nuestra nación. Algo que puede abordarse desde perspectivas diferentes, todos las cuales tienen importantes consecuencias. Alguna vez, me ocuparé de ello, pero en la ocasión me referiré únicamente a la postura que hace el efecto de la presencia de una piedra en un zapato, cuál es el caso de la Venezuela actual (la que se ignora si sigue siendo bolivariana aunque, a juzgar por los hechos, no representa un material de propaganda apropiado para el socialismo del siglo XXI. Referirse al cual, es casi lo mismo que hacerlo al régimen proto/totalitario de Maduro (lo de proto porque todavía no ha terminado de madurar y a la fecha cabe considerarlo como un régimen autoritario extremo, consolidado sobre la base de una cleptocracia que es más que una organización del narcotráfico de alcance internacional, y mantenida viva por una cúpula militar cooptada su parte en los frutos de la corrupción escandalosa. Y asistidas por bandas de paramilitares, que hacen las veces de grupos o escuadras de choque.) En cuanto al modo en que vive la población venezolana no se puede agregar nada que no se sepa, sino que es peor de lo imaginado, y que no existe mejor prueba de ello que los más de siete millones de venezolanos que al marcharse de su patria no han hecho otra cosa si no votar con los pies. El informe Bachelet referido a la situación de los derechos humanos en Venezuela Michelle Bachelet, dos veces presidenta chilena, electa como candidata de una coalición de centro izquierda, y víctima de la dictadura de Pinochet, por partida doble, dado lo cual no se puede poner en duda su imparcialidad, está al frente de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh) de la ONU, la que se encarga de promover y proteger los derechos humanos en el mundo, incluida Venezuela. En la actualización de su último informe, presentado el 25 de septiembre pasado en la 45 sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Bachelet, hace de esto no demasiado tiempo, denunció que más de 2000 personas murieron este año en los barrios pobres del país caribeño durante operaciones de seguridad llevadas a cabo por las autoridades. Concretamente indicó que &ldquo;mi oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2000 muertes desde enero de 2020&rdquo;. De este total, que alcanza 2039 personas, 11 eran mujeres y la edad media de los fallecidos era de 26 años. A la vez, Bachelet recomendó por segunda vez (ya lo había hecho en el primer informe ahora actualizado) al régimen de Nicolás Maduro la eliminación del cuerpo policial Fuerza de Acciones Especiales (Faes) debido al incremento de las ejecuciones extrajudiciales. Cabe señalar que en ese primer informe suyo publicado el 16 de septiembre de 2020 por una misión de la ONU, recalcaba el uso sistemático de la tortura y las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela y vinculaba directamente al presidente venezolano y los ministros más importantes de su gobierno con posibles "crímenes de lesa humanidad". El estudio identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del &ldquo;Estado" y añadió que "parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad". Además señaló que tanto el presidente Nicolás Maduro como los ministros de Interior y Defensa, Néstor Reverol y Vladimir Padrino López, estaban al tanto y que "dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes". La Misión investigó 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que finalizaron con 53 ejecuciones extrajudiciales y también indagó 2552 incidentes en los que se produjeron más de 5000 muertes por parte de las fuerzas de seguridad. El estudio de la participación de los servicios de inteligencia estatales concluyó que el objetivo del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) era identificar "a la disidencia política y a activistas de derechos humanos, así como a otros hombres y mujeres que se percibían como contrarios al gobierno", mientras que el objetivo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) era el personal militar y los civiles asociados presuntamente implicados en rebeliones o intentos de golpe de Estado. La Misión también documentó violaciones en medio de la respuesta cada vez más violenta del Estado a las protestas masivas de la oposición, especialmente en 2014, 2017 y 2019. En especial las protestas en Venezuela de 2019 son una serie de manifestaciones a nivel nacional e internacional en contra del presidente Nicolás Maduro, originadas por la crisis presidencial que se produjo cuando la Asamblea Nacional nombró como presidente interino a Juan Guaidó. Cabe destacar que tanto el informe Bachelet como su actualización fueron aprobados al ser sometidos ante las Naciones Unidas, con el voto de la Argentina, cuyo gobierno estaba encabezado por el actual presidente Alberto Fernández. El Grupo de Lima Este se formó luego de una reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que las naciones integrantes del organismo no lograron activar en el mismo la Carta Democrática Interamericana, ante las violaciones de Venezuela a la misma. Cabe señalar que esa circunstancia se debió a que una resolución de ese tipo exige una mayoría calificada y que en la ocasión Venezuela para su rechazo contó con el apoyo de los estados bolivarianos, inclusive nuestro país, y del voto de un grupo de Estados insulares caribeños, que en esos momentos eran dependientes del petróleo venezolano suministrado gratis o a un precio bajísimo. Este Grupo integrado en septiembre de 2018, entre otros por los Gobiernos de Canadá, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Argentina (aquí gobernaba todavía Macri), solicitaron a la Fiscalía de la CPI, con sede en La Haya, que investigue supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en la patria de Chávez. La solicitud iba acompañada de dos informes elaborados por expertos internacionales en los que se documentaban procesos extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias en el marco de las protestas antigubernamentales. Argentina no solo se retira del Grupo de Lima, sino que retiró su apoyo a la demanda contra Maduro que se tramita en el Tribunal de La Haya. Trascendió, hace de esto pocos días, que por una carta del gobierno argentino desistió de ese apoyo el pasado 25 de marzo, aunque queda por explicar la demora entre el envío de la carta y el dar esa circunstancia a conocer a la opinión pública nacional. En el comunicado en que la Cancillería de nuestro país da cuenta de esa circunstancia, se señala que &ldquo;al considerar que las acciones que ha venido impulsando el Grupo en el plano internacional, buscando aislar al Gobierno de Venezuela y a sus representantes, no han conducido a nada", subrayó Cancillería. Agregando que reiteramos que la mejor manera de ayudar a los venezolanos es facilitando que haya un diálogo inclusivo que no favorezca a ningún sector en particular, pero sí a lograr elecciones aceptadas por la mayoría con control internacional. Sin entrar en el fondo de la cuestión, y no creyendo necesario dar cuenta del partido que desde un principio he adoptado en la materia, destaco que resulta lamentable que el gobierno no solo no haya modificado su manera morosa y a la vez opaca de comunicar, sino que persista en fundar sus decisiones en argumentos que no lo son. Porque señalar que con esa denuncia se busca aislar al régimen de Maduro es una verdad a medias. Ya que el juzgamiento de Maduro por la comisión de delitos de lesa humanidad es una cuestión que no cabe que siga el mismo andarivel, que el de lograr una salida al drama venezolano. Con el agravante que hasta este momento Maduro condiciona la apertura de negociaciones con ese objeto al levantamiento de todas las sanciones aplicadas a él, sus acólitos y su régimen. Que es lo mismo que pretender poner el carro delante de los caballos. Después de lo cual agrega poco a lo indicado que el hecho que nuestro país quite su apoyo a la denuncia, no perjudica el avance de la causa que contiene acusaciones por crímenes de lesa humanidad.

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