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Ya no puede provocar asombro a nadie, la rapidez con la que los acontecimientos más diversos, en ocasiones hasta nimios, muestran una extraña aptitud para que tanto los medios sociales como la opinión pública, aparezcan como atragantadas por ellos; a los cuales, después de una rápida y a todas luces incompleta atención, se los deja atrás, y se pasa a orientar esa voracidad insaciable, a la vez que totalmente trivializada, en la búsqueda de nuevas presas.

Es lo que está sucediendo con el grupo Vicentin, el cual era un “caso” mucho antes del momento en el que se le prestara atención, a raíz de los últimos acontecimientos. Es que ignorábamos todo, o casi todo, acerca de ese conglomerado empresario -a lo sumo teníamos una remota idea de que se trataba de “alguien con problemas”, y si podíamos estirar nuestra sapiencia al respecto, llegando a conocer que además de sus dificultades propias, éste había generado problemas en otras empresas y personas-, todo ello mientras a una gran mayoría, no le “sonaba” siquiera el nombre.

Hasta que se “viralizó” su caso, tal como se ha puesto de moda, decir ahora. Es que, por un momento, nuestro presidente se olvidó del coronavirus, así como de sus visitas a distintos lugares del país por motivos casi inexplicables, de no ser que con ellos venga a demostrar que está inmunizado contra la peste. Circunstancia respecto a la cual, basta con recordar el intercambio reciente de abrazos y de un beso con el gobernador formoseño, en lo que se asiste a la presencia de un ejemplo de lo que es un “contacto estrecho”, de esos que hay que evitar, según se nos adoctrina con razonable motivo, en estos tiempos de pandemia.

Y fue entonces cuando el presidente decidió intervenir al grupo Vicentin, a la vez que expropiarlo; aunque lo hizo, sin echar mano a ninguna expresión con la cual se hiciera recordar un “¡exprópiese!” autoritario, el mismo que hizo famoso al creador bolivariano de la doctrina del socialismo del siglo XXI. Ya que ello ocurrió, mediante la firma de un decreto disponiendo la intervención de ese grupo, a la vez que mediante el envío de una ley al Congreso de la Nación, de manera que este venga a convalidar la anunciada expropiación.

Y aquí, un pedido de explicación, que poco tiene que ver con la risible invocación a la “soberanía alimentaria” -¿no se encuentra en esa expresión un lejano parecido con la “defensa de la mesa de los argentinos”?, que de esto no hace mucho tiempo, quedamos aturdidos de tanto escuchar, mientras se seguían tanto disparando los niveles de pobreza, como se nos tranquilizaba señalando que entre nosotros el porcentaje de pobres, era menor en apariencia a la de la pujante Alemania- de acuerdo a este primer pedido de aclaración. Todo lo cual, lleva a pensar que la motivación real y profunda de la decisión que se comenta, transita por otros carriles.

Es que la primera pregunta a formular, con respecto al caso que nos ocupa, es qué “apuro febril” había en “intervenir” a Vicentin, atropellando todo a su paso como quien maneja una topadora, si la empresa tenía un concurso judicial abierto y suponemos que en función de ello que había un síndico designado, al que además de verificar las deudas, tenía que controlar la marcha de las plantas de la empresa, que seguían en funcionamiento.

El que nuestra inquietud pase por lograr se hagan públicas este tipo de explicaciones, significa que nuestra intención no es caer en ese ruedo de confusiones, con el que se asiste a una profundización inconducente de las antinomias, y que giran alrededor de argumentaciones en las que se hace mención a la soberanía, y a las desastrosamente costosas experiencias estatistas que nos ha tocado vivir, y en las que se han hecho y se siguen haciendo pagos de carretadas de moneda dura, con los pesos que se han sacado y se lo sigue haciendo de nuestros bolsillos.

Es por eso que tenemos que señalar algo más, que no entendemos. Cual es un derivado de la “doctrina Kicillof” -consistente en la aspiración de “expropiar sin indemnizar”-, la que se aplicara en casos como el de la expropiación de Aerolíneas Argentinas. Cuando se afirmó que la expropiación de esa empresa nos iba a costar, a lo sumo, “un solo peso”. Algo que no ocurrió, sin computar, por supuesto, la millonada de dólares que nos sigue costando -con plata salida de los bolsillos de cada uno de nosotros, como conviene remarcarlo- mantener esa “soberanía en las alturas celestes”, con la presencia en ellas de “nuestra línea de bandera”.

Es que, siendo el gobierno consciente que carece de los mil millones de dólares “largos” en lo que se estima el valor de lo expropiar, alega que está contemplado pagarlo, aunque más no sea en parte ese importe, con el dinero que Vicentin le debe a la fecha, al Banco de la Nación Argentina, en una suerte de inexacta compensación.

Olvidando de ese modo que ese grupo no está todavía quebrado, sino tan solo judicialmente abierto su concurso de acreedores, y que solo en el caso de que se decretara en un juicio posterior su quiebra, estará en condiciones de que se califique si el crédito de ese banco cuenta o no con privilegio de ser pagado primero y totalmente, y de no ser así solo tendrá el derecho de cobrar en “moneda de quiebra”. O sea, entrar en el “reparto” en igualdad de condiciones con los restantes acreedores.

Pero en realidad, más allá de las cosas a explicar, y de la consistencia que puede tener el reparo que queda formulado, algo que en realidad resulta de una gravedad institucional abrumadora e insoslayable, y a la que no se le ha dado la importancia que tiene, entre los intercambios de opiniones encontradas y el ruido de los cacerolazos, es que la “intervención” que ha llevado a cabo el Poder Ejecutivo nacional, es antes que nada “una intervención al Poder Judicial”, de la cual otra segunda, cual es la intervención al grupo Vicentin, con la que se pretende encubrir a la primera, es solo una consecuencia. Ello así, por cuanto, el patrimonio del grupo se encontraba bajo la custodia del juez del concurso, a través de la sindicatura del concurso, al momento de consumarse el atropello.

Se podrá argüir que nos encontramos ante algo que es tan solo una “intervencioncita”, que es lo mismo que decir que es solo una “pilladura”, pero, aunque así fuere -y no lo es-, la misma no deja de ser un avance sobre la independencia de otro poder del Estado. Con el peligro que significa la posibilidad que esa medida se transforme en un precedente, o sea no otra cosa que tan solo un “ensayo”, de un experimento de mayor envergadura, cual sería la demolición de un Poder Judicial independiente.

Lo importante es que, a pesar de la desolación que provoca ese cuadro, todavía estamos a tiempo de reencauzar las cosas de manera de recuperar el rumbo correcto del que, con este tipo de medidas, nos vamos alejando.

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