“Es otro instituto muy importante que pudimos poner en marcha. Lo acabo de normalizar, con nombramientos que se hicieron por primera vez en la historia por concurso, donde participaron todos los que se inscribieron, en un proceso que se desarrolló con normalidad, sin ningún tipo de impugnaciones, y de algo que venía muy complejo, muy manoseado y muy cuestionado, quedó perfectamente normalizado la elección de presidente, vocal y tres fiscales”, dijo el gobernador a El Entre Ríos.
En efecto, como el mismo mandatario admite, el proceso fue “muy cuestionado”. Vale recordar que días antes de que se abriera el concurso, se conoció una reglamentación del Ministerio de Gobierno que fue comentada por los interesados para titularizar cargos. En efecto, a través del Decreto Número 2.664, se modificó el régimen en el ítem “Antecedentes Profesionales”. Hasta ese momento, los candidatos debían presentar sus antecedentes en cargos públicos y en el ejercicio libre de la profesión. La norma actual incorporó una nueva clase: “Antecedentes en el ejercicio de funciones inherentes al control y juzgamiento de funcionarios públicos, desarrolladas en organismos de naturaleza constitucional”. En el Tribunal de Cuentas algunos decodificaron la novedad así: la reforma está hecha para alguien que haya integrado un organismo de control o juzgamiento. Por ejemplo, el Jurado de Enjuiciamiento, y eso favorecería a Lara.
Pero, a juzgar por las respuestas que brindó, tales suspicacias no hacen mella en Gustavo Bordet. Uno de sus argumentos que disparó de entrada nomás es muy simple: “Antes se los elegía a dedo”. No identificó quiénes fueron sus predecesores que usaron este método, aunque en el aire quedó flotando el precedente más cercano, cuando Sergio Urribarri ubicó al frente del organismo de contralor a un militante y exministro de su gabinete, Guillermo Smaldone.
- ¿Le agrada que alguien que fue elegido por el pueblo para ser diputado, en vez de cumplir con ese mandato popular, se corra para controlar las cuentas del Estado? ¿Le parece apropiado que el concurso facilitara tal cosa? Y, además, ¿no le parece que el perfil para presidir un organismo de contralor debería caracterizarse por la independencia respecto de las partes, además de las competencias técnicas profesionales?, preguntó El Entre Ríos.
- Primero, entiendo que alguien resulta electo para un cargo pero puede renunciar para ocupar otro. Marcelo Bisogni es el titular del IAPV y era diputado. Renunció para asumir en el instituto de la vivienda. Está bien que así sea. Para eso hay un orden de suplentes en las listas que cubren los cargos. Marcelo es un excelente funcionario y ha solucionado un problema. En el caso de Lara es exactamente lo mismo. Porque el concurso era ahora, no después de que deje de ser diputado. Tiene todo el derecho del mundo a presentarse y concursar.
Y el hecho de que venga de la política no es un desvalor, no lo desmerece. Al contrario, creo que le da también una visión a alguien que fue intendente de cómo se manejan los números y las cuentas en los municipios. Y después se fue a un concurso donde se rindió, por oposición y antecedentes, y salió primero, ganó el concurso. ¿Por qué invalidarlo por el sólo hecho de venir de la política? En otros casos, anteriormente, se nombraba todo a dedo y se ponía a senadores, diputados, que fueron después jueces y que ocuparon cargos importantes. En este caso, se hizo por concurso, pero yo no creo que haya que invalidar a alguien porque tiene una pertenencia política. Otros dirigentes de Cambiemos, como el exlegislador Arralde que concursó, si hubiese ganado, quizá le hubiese correspondido, pero yo no creo que desmerezca para la función su pertenencia política.
