La decisión se tomó a instancias de la moción presentada por el frigerista Juan Pablo Filipuzzi, que representa precisamente a la Uader como consejero en el Consejo de la Magistratura, y de ese modo se hizo lugar a los planteos de postergación del concurso que habían presentado los fiscales José Emiliano Arias y Mauro Sebastián Jaume Blanco, de la Unidad Fiscal de Concordia, y el delegado judicial en Concordia Tomás Tschering, también de Concordia; y el fiscal Gonzalo Badano, de Paraná. No se llegó a materializar el pedido del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, que se iba a concretar este mismo lunes, por cuanto hubo posición de todos los consejeros de frenar el trámite de oposición.
El aplazamiento en la instancia de oposición del concurso para la Fiscalía Anticorrupción es sin fecha: será hasta que concluya el trámite de adecuación de los 100 casos sobre los que los postulantes concursarán y en los que se observaron serios errores, como repetición.
La elaboración de ese banco de casos, tal como ordena la ley de reforma del Consejo de la Magistratura, había sido puesto de relieve por el titular del organismo, Mariano Churruarín.
«Nos ha llevado gran esfuerzo poder implementar un nuevo sistema, novedoso, con banco de casos diseñado por todos los estamentos que integrantes el Consejo. Son 100 casos públicos que son conocidos por los postulantes 30 días antes de la oposición. Pueden estudiarlos. Se sortea uno en el momento del examen y ese caso tienen que resolver. Hemos trabajado con académicos, abogados, magistrados para que esos casos tengan complejidad. Los postulantes que están mejor formados los van a resolver mejor. Pero todos están en una línea de igualdad. A nivel nacional se está estudiando este sistema”, había dicho.
Pero el fiscal concordiense José Emiliano Arias había reprochado el avance del concurso sin que antes se resuelvan las observaciones que había formulado. Al respecto, planteó: “Se trata de planteos sobre aspectos de vital importancia como la conformación de los jurados (planteos de nulidad), recusación de sus integrantes (…), remoción de los integrantes del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, ausencia de tratamiento de cuestiones planteadas mediante correo electrónico con escritos firmados digitalmente e, impugnación del temario”.
“Se suma ahora la falta de aprobación del banco de casos y la evidente falta de control sobre su conformación, que no hace más que afectar de manera directa y concreta el nivel de excelencia para la evaluación de la idoneidad de los integrantes”, sumó Arias.
Lanzamiento
El Consejo de la Magistratura de Entre Ríos llamó a concurso de antecedentes y oposición para cubrir el cargo de Fiscal Anticorrupción de la Provincia el 13 de febrero de 2023 a través de la resolución N° 292.La resolución dice que «en acto público de fecha 13.02.2023, se realizó el sorteo de jurados técnicos que integrarán el tribunal evaluador de las pruebas de oposición de los concursos mencionados». Anque hay consejeros que nunca se enteraron, según dijeron a Entre Ríos Ahora.
De acuerdo a la disposición del Consejo de la Magistratura, se llamó a concurso de antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Fiscal Anticorrupción con asiento en Paraná; un Fiscal Anticorrupción Adjunto con asiento en Paraná y otro con asiento en Concordia; y un Fiscal Auxiliar con Asiento en Paraná.
La creación de la Fiscalía Anticorrupción por ley de la Legislatura -un instituto incluido en la Constitución reformada en 2008 y nunca implementado- ocurrió tras la sanción de la ley respectiva en agosto de 2022.
El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo en marzo último a la Legislatura, se conformó con 13 artículos, creó la Fiscalía Anticorrupción, prevista en el artículo 208° de la Constitución de Entre Ríos, «que funcionará bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos, con dependencia orgánica y funcional directa del Procurador General de la Provincia», cargo que hoy ocupa Jorge Amílcar Luciano García.
La iniciativa que el Gobernador envió a la Legislatura plantea que esa Fiscalía Anticorrupción estará conformada por un cargo de Fiscal Anticorrupción, «con asiento en la ciudad de Paraná, con jerarquía de Procurador Adjunto»; dos cargos «de Fiscales Anticorrupción Adjuntos, uno con asiento en la ciudad de Paraná y otro con asiento en la ciudad de Concordia, los que tendrán jerarquía de Agentes Fiscales, a todos sus efectos, con dependencia directa del Fiscal Anticorrupción».
También incluirá en su planta un profesional de la abogacía, «con trayectoria acreditada en procesos administrativos, con jerarquía de Fiscal Auxiliar Ministerio Público, con asiento en la ciudad de Paraná»; dos cagos de contadores o licenciados en Ciencias Económicas, «que formarán parte del equipo pericial, con jerarquía y remuneración de Secretario de Juzgado de Primera Instancia (…), con asiento en la ciudad de Paraná». Además, un experto en Informática.
«La Fiscalía Anticorrupción tendrá a su cargo la investigación y acusación de los delitos contra la administración pública provincial cometidos en la Provincia o fuera de ella, en función de la competencia que determinen las leyes aplicables (…) , debiendo ajustar su proceder a las instrucciones que imparta el Procurador General de la Provincia», dice respecto de los funciones. Y agrega: «A tales fines, promoverá la investigación de la conducta de los funcionarios y empleados de los tres órganos de gobierno (legislativo, ejecutivo y judicial) del Estado provincial, municipal y comunal, incluyendo a las empresas, sociedades y todo otro ente en que los Estados en cualquiera de sus esferas de gobierno tengan participación, ante la presunta comisión de delitos que afecten a la administración pública, en sentido amplio considerada, siendo comprensiva su actuación respecto de las personas que, no formando parte del Estado, hayan obrado como partícipes o encubridores, en cualquier grado, de los delitos objeto de investigación».
La Fiscalía Anticorrupción tendrá los siguientes deberes y facultades, según el proyecto:
a) Promover la actuación de la justicia frente a delitos contra la administración pública.
b) Actuar por denuncia o de oficio ante la noticia de la comisión de delitos vinculados a su competencia, desarrollando las investigaciones pertinentes.
c) Proseguir todas aquellas causas iniciadas en distintos puntos de la Provincia, que fueran de la competencia de la Fiscalía Anticorrupción, lo cual se implementará una vez conformado el organismo, con los Fiscales que resulten designados.
d) Solicitar la realización de pericias e informes técnicos, para lo cual se valdrá de su equipo profesional y podrá requerir de las reparticiones públicas la colaboración necesaria. Asimismo, desarrollará toda su labor investigativa con todos los derechos y obligaciones que poseen los miembros del Ministerio Público Fiscal y que autoriza el Código de Procedimientos en materia penal.
e) Podrá constituirse en cualquier localidad de la provincia, tomando intervención en los lugares de posible comisión de los delitos investigados o donde fuera necesario para obtener prueba.
f) Podrá delegar trámites o diligencias en el Fiscal del lugar donde sucedió el hecho, sin resignar su competencia. El Fiscal Anticorrupción podrá disponer que el ejercicio de la acción pública en casos relativos a su competencia quede a cargo de los fiscales ordinarios competentes de la jurisdicción donde quede radicada la denuncia, a través de la delegación funcional dispuesta al efecto, con noticia al Procurador General.
g) Solicitar al Procurador General de la Provincia la ampliación presupuestaria, a los fines de asegurar el cumplimiento de sus funciones.
h) Asignar a los Fiscales Adjuntos las investigaciones que resolviera no llevar adelante personalmente, sin perjuicio de su actuación en la etapa de juicio, por sí o a través del Fiscal Adjunto que designe.
i) Impartir instrucciones y directivas a empleados judiciales a su cargo, que sean necesarias y convenientes para el desarrollo de sus funciones.
j) Controlar el desempeño de quienes lo asisten y dictar el reglamento de funcionamiento interno de la Fiscalía Anticorrupción, el que será elevado para su aprobación al Procurador General de la Provincia.
k) Elevar al Procurador General la propuesta de creación, supresión o modificación de cargos de funcionarios y empleados administrativos que se desempeñen en la Fiscalía.
l) Elevar al Procurador General un informe anual sobre la gestión de la Fiscalía a su cargo.
«Todas las investigaciones que se encuentren en trámite y sean vinculadas a la competencia de la Fiscalía Anticorrupción, serán remitidas para su sustanciación ante la misma, dentro de los quince días corridos de puesta en funciones de la Fiscalía Anticorrupción, Fiscalías Adjuntas y Fiscalía Auxiliar, una vez concursados los cargos y efectuada la designación correspondiente, con acuerdo del Senado. No habrá designaciones transitorias de los cargos de fiscales establecidos por la presente ley, debiendo procederse a su concurso inmediatamente después de la promulgación de la presente, por el procedimiento vigente, dándose conocimiento al Consejo de la Magistratura de Entre Ríos», añade.
