“El escenario es terrorífico, en el sentido de que quienes tienen que dar respuestas, no lo hacen. No lo hace la Justicia, que mira para otro lado, ni tampoco los órganos administrativos, que no resuelven”, resumió el Fiscal José Arias, uno de los postulantes, que ha presentado numerosos recursos ante el Consejo de la Magistratura, ante el Gobernador Gustavo Bordet y, en el plano estrictamente judicial, ante la Cámara Contencioso Administrativa de Concepción del Uruguay, en este último caso demandando se dicte una cautelar que suspenda los concursos y que se declare la inconstitucionalidad de la ley 11003, que un año atrás reformó al organismo de selección.
“Acá hubo una serie de planteos al inicio del concurso de la Fiscalía Anticorrupción, que tenían que ver básicamente con irregularidades cometidas en la conformación de ese jurado. Los hice yo, pero también los hicieron otras personas, ciudadanos que no participaban del concurso, con un interés distinto al mío, y, si bien fueron rechazados por parte del Consejo de la Magistratura, el sistema recursivo admite la revisión de eso, porque, obvio, el Consejo no va a dictar la nulidad de su propia actuación. O sea, es imprescindible que un tercero revise lo actuado por el Consejo de la Magistratura. Por eso, desde el mes de abril, desde el 19 de abril, el gobernador tiene en sus manos mi recurso planteando esta cuestión y no lo resuelve”, recordó Arias, en diálogo con el programa Despertá con Nosotros, por Oíd Mortales Radio.
El fiscal concordiense trajo a colación que sus planteos, incluido uno en el que solicitó formalmente la remoción del presidente del CME, fueron rechazados por el organismo “sin darles tratamiento, por el solo hecho de que fueron mandados por mail con firma digitalizada, pero no resolviendo el fondo del asunto. Por una cuestión de forma, se desoyó lo que le estaba reclamando. Y encima, cuando voy al gobernador, el gobernador tampoco me responde. Y así una serie de planteos que están todos sin resolución”, insistió.
Pero no sólo el Consejo de la Magistratura y el Ejecutivo han eludido responder. Tampoco la Justicia se hace cargo, sostiene Arias. “Acá hay dos acciones contra la constitucionalidad de la ley que reconfiguró el CME, una de las cuales tramita ante el Superior Tribunal de Justicia. Claro que, como son ellos, los jueces del STJ, los interesados en la vigencia de esta ley, hubo recusaciones. Se está conformando aún el tribunal; esto está sin respuesta. En mi caso, fui ante la Cámara Contencioso Administrativa. Mi presentación estuvo, llamativamente, durante largos meses, sin respuestas. Acompañé la presentación con el pedido de una medida cautelar. Es decir, les pedía que, de manera urgente, suspendan el concurso de la Fiscalía Anticorrupción, porque hay una serie de irregularidades y, encima, no tiene control judicial, según la nueva ley. Era urgente que la Justicia se aboque a eso. Y estuvieron desde el mes de marzo hasta el mes de agosto sin resolución, sin tratamiento a esa situación gravísima que le estaba planteando”, cuestionó el fiscal.
“Ahí no termina todo”, prosiguió. Porque, “para sorpresa de muchos, el Superior Tribunal coloca como vocal suplente a una persona en reemplazo de la titular de la Cámara de Concepción del Uruguay, que estaba con licencia por enfermedad, quien asume el día 7 de agosto. El expediente volvió a entrar para ser resuelto, había que sortear el orden de cómo iban a ir votando cada uno de los jueces, cada uno de los vocales y a esta persona le toca el segundo término. Eso fue el día 10 de agosto. El mismo 10 de agosto se dictó el primer voto y cuando llega a las manos de esta vocal, Fabiana Hilgert, estudia el caso, estudia la normativa aplicable, estudia el dictamen del fiscal que había dicho que esta era la competencia adecuada, que estaba bien planteada la acción de inconstitucionalidad, y, sin embargo, vota por la incompetencia y deja sin resolución el caso y sin resolverse la medida cautelar pedida”. “Es decir –concluyó-, la Justicia miró para otro lado y elevó todo al Superior Tribunal, para caer allí un año más sin conformarse el tribunal, mientras el gobierno puede ir haciendo el concurso de la Fiscalía Anticorrupción sin que nadie lo controle, a rienda suelta”.
Arias enfatizó que las medidas cautelares “pueden ser dictadas incluso por tribunales que son incompetentes, porque es tan urgente, tan necesario, tan imprescindible la actuación inmediata, que cualquier juez lo puede hacer cuando se dan los casos. Y acá, llamativamente, no lo hicieron”.
-¿Es habitual que pasen 6 meses dando vueltas para después declararse incompetentes, además de soslayar o pasar por alto la cautelar?
-Sería grave que estos fuesen los tiempos normales de la justicia, porque significaría que la justicia no anda. Yo prefiero pensar que se trata de un solo caso lo de esta demora, que sea una cuestión puntual, porque quiero creer que la justicia anda. Pero sí me llama la atención. Yo no soy usuario de la justicia contencioso administrativa. Es la primera vez que recurro. No sé cómo están los tiempos, pero lo que sí sé es que acá hay una cuestión de Estado, con intereses colectivos. Más allá del interés particular invocado por mí, hay una cuestión de Estado. Hay normativa en la Constitución Nacional que es la que lo obliga al Estado a combatir la corrupción y declara como una cuestión de traición a la patria quien cometa delito contra el Estado que conlleva enriquecimiento. Con lo cual, es imprescindible que los organismos que seleccionan a las personas encargadas de combatir esa corrupción, anden bien y estén fuera de toda discusión. Y eso es justamente lo que estoy planteando, una cuestión que también va en defensa de todos, y no obtengo respuesta.
-Si ni Arias ni los ciudadanos que han hecho planteos obtienen respuestas, sea de la Justicia como del Ejecutivo, ¿adónde deberían recurrir? Máxime, considerando que los concursos siguen adelante, en la búsqueda de hechos consumados.
-Siguen y además con cuestiones muy graves, porque no solamente está la conformación de los jurados. También el temario que van a tomar en el examen. Ahora se suma el Banco de Casos, muy vacío de contenidos, que no alcanza para meritar la idoneidad de los postulantes, hasta el punto que, para el máximo cargo, que es el de Procurador Adjunto, el examen va a versar sobre pequeños quehaceres de un fiscal de primer grado o auxiliar. Se ha bajado claramente el nivel de exigencia. Y eso es una cuestión que estamos también discutiendo y no hay respuesta.
-¿Hay casos que, de manera disfrazada, correspondan a causas muy conocidas, sensibles y aún en curso? Por ejemplo: contratos, megajuicio y Cozzi.
-Sí, es así. La ley exige 100 casos. Esa es objetivamente la exigencia legal. En el apresuramiento por llevar adelante el concurso, repitieron algunos casos. Hay 7 u 8 casos que están repetidos.
-¿Repetidos de manera textual?
-Le cambian la marca del celular que fue objeto del robo, por ejemplo. O sea, son casos repetidos. Quiere decir que no llegamos ni al número de 100 en el aspecto cuantitativo. Y también tienen defectos en la calidad. Algunos son muy similares a los que están vigentes, sobre los cuales, por una cuestión ética, no se debería preguntar, porque también presupone adoptar posición sobre determinados puntos. También está el caso conocido del perito balístico del Superior Tribunal de Justicia que fue condenado por sacar las armas que debía destruir y venderlas y ponerlas en el mercado negro. Hay varios casos que fueron reales. Ante la necesidad de crear casos rápidamente para poder tomar el examen, se echó mano a esta realidad. Y hay otros casos que no permiten valorar la formación o la capacidad del concursante. Como, por ejemplo, que el fiscal dictamine si concede, si es procedente o no, la probation en un caso de corrupción. Es una actividad nimia para lo que es el cargo.
-La ausencia de respuestas en los distintos niveles, sean judiciales como administrativos, ¿podría configurar una privación de Justicia?
-No sólo eso. Podría llegar incluso a generar responsabilidad internacional, porque pareciera que estamos ante conductas coordinadas entre los distintos organismos de distintos poderes, tanto judicial o administrativo, para mirar para otro lado y no tratar las cuestiones que se han planteado en relación a estos concursos, lo que es, francamente, de terror en cuanto a las formas y en cuanto al fondo. Por eso es un caso de gravedad institucional y que va a ser planteado seguramente en organismos internacionales, si es que deciden concretar el concurso sin dar respuesta debida ni controlada en los organismos que corresponden.
