La medida se extendió durante gran parte del lunes y el conflicto escaló hacia el Poder Judicial: la jueza Alejandra Herrera emitió un oficio intimando a los afiliados a FEPA a deponer su actitud y advirtiéndoles que, en el caso de que no acataran la orden, se los desojaría por la fuerza pública. Leído el mandato judicial, los estibadores decidieron retirarse del puerto de “la histórica” y el bloqueo quedó sin efecto cerca de la medianoche. A partir de las 3 de la mañana del martes, la actividad se retomó con normalidad.
Entretanto, el conflicto sigue: este miércoles, las partes involucradas se verán las caras en una audiencia en el Ministerio de Trabajo.
