A raíz de una insólita y pueril discusión con los fiscales de la Unidad Fiscal de Colón, quienes se negaron a brindarme información de carácter público, dejando traslucir en su respuesta el fastidio por tal inoportuna petición, retomé una entrevista a la exfiscal Cecilia Goyeneche en el mes de octubre, la cual tomo como punto de partida para dejar aquí mi carta de opinión, y a su vez, poner en el tapete, una vez más, la importancia de que las decisiones de cualquier poder estatal adquieran publicidad.   Por Clarisa Marano   El meollo de la cuestión rondó en un pedido de acceso a la información pública que realicé la semana pasada a la UFI Colón, respecto de las denuncias por corrupción que aparecen en la página del Ministerio Público Fiscal de la Provincia, solicitando se me informe, entre otras cosas, si tales causas habían sido requeridas a juicios, archivadas, o se había dictado algún sobreseimiento.   Para mi sorpresa, la respuesta fue que debería dirigir mi petición al Procurador General de la Provincia, es decir: el viejo truco de inventar pasos burocráticos y sin sentido, con la clara intención de agotar al ciudadano y lograr así que no ejerza sus derechos. Alegaron que esta respuesta fue “siguiendo expresas instrucciones de la superioridad”, admitiendo de este modo que en vez de funcionarios con decisiones propias, son meros empleados jerarquizados que deben preguntar a su jefe si pueden cumplir o no con la ley.   Así fue como llegué a la entrevista que dio la exfiscal Goyeneche en el programa Cuestión de Fondo en octubre de 2023, en donde expuso -con la claridad que la caracteriza- los inconvenientes que trae aparejado investigar delitos contra la corrupción y la administración púbica, criticó duramente al sistema (al cual tildó de hipócrito), remarcó la real necesidad del Ministerio Público de agrandar su planta de personal, y brindó declaraciones tan ciertas como controvertidas si entendemos que el Ministerio Público Fiscal no se conforma solamente de “Paraná”, y si sacamos a la luz el funcionamiento inquisidor de determinadas jurisdicciones en el resto de la Provincia. La corrupción en Entre Ríos y los desafíos de la Justicia, en 33 respuestas de la exfiscal Cecilia Goyeneche   En definitiva, salvo Paraná, y alguna otra jurisdicción que pueda llegar a interesar momentáneamente por provenir de allí algún funcionario público y/o judicial de renombre o que ocupe un alto cargo, las demás jurisdicciones de las Unidades Fiscales, se asemejan a una verdadera zona franca, es decir: nadie controla que se cumplan allí los altos estándares pregonados por la exfiscal anticorrupción, en cuanto al compromiso ciudadano en animarse a denunciar este tipo de delitos.   Digámoslo de un modo más sencillo todavía: mientras Goyeneche apela a la responsabilidad ciudadana para poder investigar este tipo de hechos, poniendo especial énfasis en el compromiso ciudadano y en la información de carácter público, los fiscales de otras jurisdicciones (que hasta su destitución estuvieron en cierta forma bajo su mando), parecen haber sido o muy malos alumnos, o unos verdaderos rebeldes, ya que -presos de un temor inusitado- no hacen sino poner palos en la rueda cuando algún ciudadano responsable osa con pedirle la publicidad de los dictámenes fiscales emitidos en los casos de corrupción.   En definitiva, a más de diez años de la implementación del sistema acusatorio en la provincia de Entre Ríos, seguimos teniendo fiscales que amarían perderse en los pasillos tribunalicios similares a laberintos, en donde nadie les conozca sus caras, ni sus nombres, ni sus causas. En fin, en donde nadie se atreva a pedirle explicaciones.   Sin embargo, la transparencia del accionar judicial en general, y de la fiscalía en particular (respecto de aquellos datos que puedan publicarse y no dañen la investigación penal, claro está), sin duda acrecentaría la confianza ciudadana en la justicia, lo que necesariamente traería aparejado el “sentido ciudadano” del cual habla Goyeneche. Sentido que necesariamente, debe comenzar por los Fiscales encargados de llevar adelante las investigaciones penales.   Claramente, el fastidio cuando alguna persona se interesa en casos de corrupción, y pretende dotar de transparencia el accionar judicial, no parecería el camino correcto en pos de lograr que cada vez más personas de la sociedad nos involucremos en la lucha de estos casos que tanto indignan al ciudadano de bien.   En definitiva, lo que tiene que quedar claro es que la única forma de elegir libremente a nuestros representantes es a través de información de calidad, y ésta solo puede obtenerse si exigimos publicidad y transparencia a los actos de gobierno, de los cuales la Justicia, mal que les pese a algunos Fiscales, no está ajena.
