El gobierno de Entre Ríos dio por finalizado el sumario administrativo iniciado al médico Juan Andrés Arín, profesional asistente del Hospital San Benjamín de Colón, y declaró prescripta la acción del Estado para perseguirlo disciplinariamente por los hechos que habían sido investigados.   La decisión quedó formalizada mediante el decreto Nº 2225, publicado este lunes en el Boletín Oficial de la provincia y firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Salud, Daniel Blanzaco.   El expediente se había iniciado a partir de una investigación administrativa vinculada con la atención recibida por un bebé de 28 días en mayo de 2017, en un episodio que involucró a profesionales de los hospitales San José y San Benjamín de Colón.   En el nuevo decreto, el Ejecutivo aprueba y da por concluido el sumario y establece expresamente que prescribió la acción del Estado para aplicar una sanción disciplinaria a Arín. De esta manera, la administración provincial ya no puede avanzar con una sanción por los hechos investigados.   La decisión no implica un pronunciamiento sobre la inexistencia de los hechos que dieron origen al expediente, sino que responde al vencimiento del plazo para que el Estado pueda ejercer su potestad disciplinaria.   Una investigación que se inició por un hecho ocurrido en 2017     El caso se remonta al 16 de mayo de 2017, cuando los padres de un bebé de 28 días concurrieron con la criatura al consultorio de su pediatra en San José. Según consta en los antecedentes administrativos, la profesional habría diagnosticado un cuadro de apnea respiratoria y solicitado una derivación urgente al Hospital San José.   A partir de allí se produjo una serie de derivaciones entre establecimientos sanitarios. El paciente fue atendido inicialmente en el Hospital San José y posteriormente trasladado al San Benjamín de Colón. Finalmente, durante el traslado hacia Concepción del Uruguay, fue derivado al Hospital Justo José de Urquiza, donde ingresó en paro cardiorrespiratorio.   El episodio derivó en una denuncia penal y, posteriormente, en una investigación dentro del ámbito del Ministerio de Salud.   En 2019 se había dispuesto una información sumaria para determinar qué había ocurrido y establecer eventuales responsabilidades de los agentes estatales vinculados con la atención y derivación del paciente.   De acuerdo con los antecedentes administrativos citados en el expediente, se había considerado acreditada una falta de atención y derivación oportuna por parte de los médicos Israel Antonio Barreto, del Hospital San José, y Juan Andrés Arín, del Hospital San Benjamín.   Sin embargo, el paso del tiempo modificó la situación de ambos profesionales.   Barreto se jubiló el 31 de mayo de 2023, por lo que el Estado quedó imposibilitado de aplicarle una sanción disciplinaria. En el caso de Arín, que continuaba desempeñándose en el Hospital San Benjamín, se dispuso la apertura del sumario administrativo por su presunta responsabilidad en los hechos.   La investigación administrativa se inició mediante el Decreto Nº 4731/23 del Ministerio de Salud. Posteriormente, Arín presentó un recurso de revocatoria contra la apertura del sumario, planteo que fue rechazado por la cartera sanitaria.   En paralelo, la denuncia penal presentada por los padres del chico había sido archivada por la Unidad Fiscal de Colón el 28 de abril de 2023. El archivo de esa investigación judicial no impidió que la Provincia continuara con la investigación administrativa, debido a que ambas vías persiguen responsabilidades de distinta naturaleza.   El propio gobierno cuestionó las demoras     El aspecto que adquiere particular relevancia en el nuevo decreto es que el Poder Ejecutivo no se limitó a declarar la prescripción del caso.   En el artículo 3º, instruyó al Ministerio de Salud a adoptar las medidas administrativas y de control necesarias para garantizar la “inmediata ejecución, notificación y remisión” de los actos mediante los cuales se dispongan informaciones sumarias o sumarios administrativos.   La orden apunta específicamente a evitar demoras que puedan comprometer el ejercicio de la potestad disciplinaria del Estado y terminar frustrando la posibilidad de determinar eventuales responsabilidades administrativas.   Además, el decreto dispone que se remita una copia al Hospital San Benjamín y al Hospital San José de Colón para que, dentro de sus respectivas competencias, evalúen y adopten medidas destinadas a evitar que situaciones similares vuelvan a producirse en futuros procedimientos disciplinarios.   Así, el expediente iniciado a partir de un episodio ocurrido hace más de nueve años termina sin una sanción disciplinaria para Arín, debido a la prescripción declarada por el Poder Ejecutivo, y con una advertencia dirigida al propio sistema administrativo sanitario por las demoras que atravesó la tramitación del sumario.