La reunión se desarrolló en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno y fue encabezada por los presidentes de ambas comisiones, Gustavo Vergara (Juntos por Entre Ríos) y Juan Pablo Cosso (Más para Entre Ríos), con la participación de 15 senadores provinciales.
Reforma integral y dos puntos “innegociables”
La primera exposición estuvo a cargo de la secretaria adjunta de UPCN Entre Ríos, Carina Domínguez, acompañada por Sandra Varas. La dirigente destacó la apertura del debate legislativo y explicó que el sindicato viene dialogando con el gobierno provincial sobre distintos aspectos del sistema previsional.“Venimos a plantear nuestra posición y traer aportes, ideas para defender nuestros escalafones”, sostuvo Domínguez, quien remarcó especialmente la situación de cocineras escolares, trabajadores de salud y promotores del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf).
La dirigente consideró que el proyecto está planteado desde una mirada económica centrada en el déficit de la Caja de Jubilaciones, aunque señaló la necesidad de discutir alternativas que permitan avanzar hacia una reforma integral.
Durante su exposición, UPCN dejó planteados dos puntos que considera centrales: mantener los 30 años de aportes requeridos para acceder a la jubilación y conservar el cálculo del haber previsional sobre los últimos 120 meses de aportes.
Además, el gremio propuso debatir cuestiones vinculadas a la edad jubilatoria, la movilidad, la declaración de emergencia previsional, la situación de los municipios y la creación de una comisión de seguimiento de la eventual reforma.
“La posición de UPCN siempre fue discutir; nuestra postura no es la queja”, afirmó Domínguez, quien pidió a los legisladores considerar el contexto económico actual. “El trabajador la está pasando mal, no le sumemos este problema”, expresó.
APS rechazó la iniciativa y cuestionó la emergencia previsional
Posteriormente expuso la secretaria general de APS Paraná, Alejandra Levrand, quien manifestó un rechazo frontal al proyecto enviado por el Ejecutivo.“Rechazamos la reforma de esta forma que está planteada”, sostuvo al inicio de su intervención y cuestionó particularmente la declaración de emergencia previsional incluida en la iniciativa.
Según planteó, esa disposición otorga amplias facultades al Poder Ejecutivo y genera preocupación por el alcance de las medidas que podrían adoptarse durante su vigencia.
Levrand también cuestionó diversos aspectos del articulado, entre ellos el cálculo del haber jubilatorio, la edad de retiro, los aportes, la movilidad previsional, las diferencias de género y la delegación de facultades.
“No todos tenemos la posibilidad de trabajar en oficinas con aire acondicionado y calefacción; la mayoría de los municipales trabajan en la calle”, señaló la dirigente gremial, quien además remarcó que los salarios municipales son bajos.
A su entender, la reforma implicaría “un ajuste brutal sobre las condiciones de vida de pasivos y activos”, afectaría la autonomía municipal y tendría consecuencias negativas para comunas y municipios adheridos al sistema previsional provincial.
“Cada artículo tendría un impacto real en miles de familias entrerrianas”, afirmó Levrand, quien ratificó la posición que la APS viene sosteniendo junto a la Multisectorial que se opone a la iniciativa.
Qué propone el proyecto del Ejecutivo
El proyecto de “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional” declara la emergencia económica y financiera del sistema previsional hasta el 31 de diciembre de 2027, con posibilidad de prórroga.La iniciativa alcanza a los tres poderes del Estado provincial, organismos descentralizados, empresas estatales, municipios y comunas adheridos a la Caja de Jubilaciones.
Entre los principales cambios se encuentra la creación de un aporte personal extraordinario para trabajadores con remuneraciones superiores a tres millones de pesos. El esquema prevé una escala progresiva de hasta el 8% adicional para quienes perciban más de 16 millones de pesos brutos mensuales. También establece un incremento excepcional del 3% en los aportes patronales.
Respecto de las condiciones jubilatorias, el proyecto fija como regla general una edad mínima de 65 años y 35 años de servicios computables. Para quienes comiencen a aportar al sistema provincial una vez sancionada la ley, la edad jubilatoria se establece en 68 años.
En cuanto al haber previsional, propone mantener el 82% móvil, pero calculado sobre el promedio actualizado de las últimas 240 remuneraciones mensuales sujetas a aportes, es decir, los últimos 20 años de actividad laboral.
La iniciativa prevé además una implementación gradual de los nuevos requisitos. La elevación de la edad jubilatoria comenzaría a aplicarse cinco años después de la entrada en vigencia de la ley, aumentando seis meses por año calendario hasta alcanzar los 65 años. De manera similar, los años de aportes requeridos se incrementarían progresivamente hasta llegar a los 35 años de servicio.
La ronda de consultas continuará en las próximas jornadas con nuevas exposiciones de representantes sindicales, entidades profesionales y organizaciones vinculadas al sistema previsional provincial.
