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La nueva estrategia del abogado José Ostolaza parece haber rendido sus frutos, dado que una de las denunciantes por cobros irregulares en el Hospital San Roque de la ciudad de Villa Elisa (Departamento Colón), finalmente fue aceptada como querellante. “Atento nueva solicitud remitida por correo electrónico e informe previo de Unidad Fiscal, téngase por presentados a los Dres. José Esteban OSTOLAZA y Pablo Exequiel SOTELO (…) en nombre y representación de Clarisa Inés MARANO ROUDE, en carácter provisorio de querellante particular”, reza una resolución firmada por la jueza de Garantías de Colón, Natalia Céspedes.

Así, Marano Roude podrá sumar facultades en el desarrollo de la investigación penal preparatoria como “particular ofendida”, disconforme con la línea seguida por el Ministerio Público Fiscal, tras haber denunciado a la administradora del nosocomio elisense de haber intentado cobrarle por el oxígeno que le habían suministrado a su padre, durante una internación por Covid-19. “Atento su calidad -prima facie- de particular ofendida por el hecho investigado, conforme los fundamentos que expone, déseles la intervención legal correspondiente”, confirma un documento emitido en las últimas horas, que habilita a la flamante querellante a participar de las pruebas que se produzcan en la causa, como así también a producirlas aunque la Fiscalía no lo haya solicitado.

Una vez constituida como querellante en el Legajo Nº 1158/2021, caratulado “MARANO ROUDE CLARISA INES, FERNANDEZ ANALIA VERONICA y GIOVENALE SANDRA DANIELA S/ SU DENUNCIA”, la magistrada dispuso notificar de la novedad tanto a la Unidad Fiscal -representada por María Noelia Batto y Juan Sebastián Blanc- como a la defensa de la funcionaria denunciada, Claudia Lugrín. Entretanto, Ostolaza trabaja en otro pedido de querella -bajo la figura de “interés colectivo”-, que no tardaría en ingresar a los tribunales de Colón, que nuclee a Marano Roude con las otras dos denunciantes: la licenciada Sandra Giovenale, jefa del área de Enfermería del hospital; y la médica Analía Fernández, encargada del hogar de ancianos de la misma institución.

Las tres venían de un primer intento fallido, rechazado tanto por el Juzgado de Garantías de Colón como por la Sala Penal de Concepción del Uruguay que debió analizar su apelación, lo que las obligó a reformular la presentación de sus razones ante la Justicia.
Fuente: El Entre Ríos

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